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Sucre: ¿Seguridad Juridica?

Conforme ordena el art 109. II de la CPE, nuestros derechos y sus garantías, sólo podrán regularse por la ley. Es la garantía de la reserva legal, que constituye una de las mayores y mejores limitaciones franqueadas en favor del ciudadano, frente al poder. Como nuestros derechos no son absolutos, la única manera de regularlos, es a través de una norma legal, se supone, en función a la distribución competencial redactada por nuestros legisladores –nacionales, departamentales o locales, legítimamente electos-. Que frecuentemente varios de ellos solo tengan la habilidad de levantar la mano, es otra cosa…
Pues bien, ocurre que en la Capital, a raíz de una investigación periodística del CORREO DEL SUR en función al trabajo de fiscalización de un Concejal Municipal Abogado, se ha desatado no uno sino dos escándalos (el otro lo puso en evidencia el ICACH) que prueban, al menos en esos ámbitos, que Sucre es una ciudad sin ley, sin seguridad jurídica y lo que es peor aún, que los ciudadanos somos esquilmados por el estado, ilegalmente.
Resulta que desde hace varios años, la Unidad Operativa de Tránsito cobra a los conductores –entre 30 a 70 Bs- por concepto de multas por el “indebido” parqueo en el centro, pero: a) la decisión de prohibición, en la hermosa plaza 25 de mayo, fue asumida hace 4 años por el gobernador –trucho, además- del Departamento, vulnerando el art. 302.18 de la CPE que le asigna esa competencia, al gobierno municipal; e incluso, b) existen serias dudas –legales- que otra ordenanza municipal más antigua aún esté –legalmente- vigente, sobre las restricciones de paqueo de las cuadras circundantes, aproximadamente 50, con lo que el cobro de las multas emergentes, su destino y otros pormenores, revelan una enorme inseguridad jurídica, incumplimiento y/o abuso de competencias y otros dislates que sólo confirman el desprecio con que el poder, nos trata a los ciudadanos. 
Si lo anterior no fuera suficiente, desde hace aproximadamente 2 meses , el I. Colegio de Abogados de Chuquisaca en defensa de la legalidad y de sus colegas (sean sus afiliados o no, por si acaso) ha denunciado ante el Ejecutivo y ante el Concejo Municipal (que está en proceso de informes y/o interpelación) que su Dirección de Ingresos, persigue ilegalmente a los abogados en ejercicio libre de la profesión (Bufetes) e incluso se ha dado el tupé de rechazar sus memoriales –atentando contra la libertad de trabajo- y hasta clausurar de facto sus oficinas, exigiendo el pago de una patente municipal “amparada” en una vetusta Ordenanza Municipal No. 077 del año 2000, cuyo art. 1 -es de tal claridad, para cualquier neófito incluso- determina que ese proyecto de tasas y patentes, sólo correspondía a la gestión 2000 e incluso estaba condicionada a su aprobación por el Legislativo (según la normativa de aquella época).
No obstante, 19 años después –sí, leyó bien- el ejecutivo municipal está persiguiendo -discriminando además a los abogados contra quienes tiene órdenes expresas de acosar a 50 cada día, por cada funcionario- exigiendo el pago de una patente que desde hace 18 años ya no tiene ningún respaldo legal e incluso, vulnerando el debido proceso, clausura ipso facto sus bufetes y en otros casos, otorga 10 días so amenaza de clausura, para pagar esa patente sin ninguna normativa vigente de respaldo, al extremo que en una petición de informe legal admitió que están tramitando una nueva norma (lo cual fuera ocioso, si la actual, tuviera algún valor, legal). Lo peor de todo, es que si bien, la abogacía es la víctima favorita de los afanes esquilmatorios ediles, todo ciudadano o empresa que paga esa patente so amenaza o efecto de clausura de su establecimiento, está siendo víctima de esa arbitrariedad porque sencillamente no existe hoy una norma legal vigente que, cumpliendo la reserva legal, respalde aquel cobro. Fieles a la doctrina de su jefazo, le están metiendo no más, ilegal e inconstitucionalmente, con tal de recaudar fondos. El “defensor” del Pueblo, bien gracias, contempla de palco. Así las cosas, la CAPITAL se asemeja a una jungla en la que el poderoso hace lo que la da la gana y los ciudadanos somos sus víctimas. “La autoridad ejerce un poder legítimo; el autoritarismo lo ejerce arbitraria e ilegalmente”. Juan J. Linz 


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