Sería ingenuo de nuestra parte creer en las versiones que difunde la oposición en el sentido de que Evo Morales y su administración son los únicos responsables de los incendios que todavía devastan a la Chiquitanía. Caer en eso sería incurrir en el extremismo de aquellos que dicen que, si no estás con ellos, entonces estás en contra de ellos.
Aclaremos, entonces, nuestra postura.
En nuestro editorial de ayer, titulado “El MAS y los incendios”, decíamos que, por su enorme gravedad, por las consecuencias que tendrá sobre el futuro de nuestro país, y por la naturaleza de los intereses económicos que están implícitos en sus orígenes, los incendios que están dando fin con los bosques y selvas de nuestro país marcan una línea divisoria.
Decíamos también que en las filas del Movimiento Al Socialismo esa línea marcaría distancias entre quienes todavía conservan algo de confianza y esperanza en el “proceso de cambio”, liderado por Evo Morales, por un lado, y quienes creen que ya han sido superados los límites que separan lo admisible y tolerable de lo que no lo es, por el otro.
Exactamente lo mismo puede decirse de las otras corrientes que más influyen en el escenario político nacional. Así, por ejemplo, quienes por razones políticas e ideológicas simpatizan con la fórmula de la alianza Bolivia Dice No y, al mismo tiempo, repudian lo que está ocurriendo con los bosques y selvas de nuestro país, tendrán que detenerse a reflexionar sobre la posibilidad de compatibilizar una y otra de sus convicciones. Tendrán que preguntarse hasta qué punto es posible hallar un punto de conciliación entre ellas.
La tarea no será fácil, pues así como la implacable devastación de la Amazonía y las otras áreas protegidas es condición indispensable para la exitosa ejecución del proyecto político y económico del MAS, lo es también para multiplicar la extensión y rentabilidad de los negocios relacionados con la explotación forestal, la ganadería a gran escala, la producción agroindustrial de alimentos para la exportación, la producción de biocombustibles, entre otros rubros incompatibles con la preservación ambiental. Una prueba de ello es que sin importarles los lamentos y condenas respecto a los incendios y las causas que los provocaron, los ganaderos salieron al frente para pedir que no se anule el decreto que, al margen de lo que diga el Gobierno, es responsable de por lo menos la propagación de los incendios, cuando no de haberlos provocado.
Se traza, entonces, una línea divisoria entre los que insisten en ampliar la frontera agrícola y los que quien prohibir cualquier acción al respecto.
De tan difícil dilema no se libran los candidatos y seguidores de Comunidad Ciudadana, aunque para ellos la contradicción se plantea en términos menos antagónicos. En efecto, CC ha dado desde un principio un lugar prioritario a los temas ambientales en sus declaraciones programáticas, aunque dejando un espacio demasiado amplio para las ambigüedades. Y eso es precisamente lo que menos falta hace en circunstancias como las actuales.
Con esos antecedentes, es de esperar que las pocas semanas que quedan para la contienda electoral sean aprovechadas para aclarar el panorama. De modo que, por la fuerza de las circunstancias, el acto electoral del 20 de octubre sea, además, una especie de referéndum sobre dos modelos de futuro, diferentes y mutuamente excluyentes entre sí.
