EDITORIAL

Paros: entre poder y deber

Aunque su interpretación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado la ha convertido en una institución poco creíble, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha ratificado, en un fallo expreso, lo que la mayoría de los trabajadores sabe: que tienen derecho a la huelga.

En el caso concreto de los médicos, el TCP ha entendido que aquellos que perciben un salario son tan trabajadores como los obreros y quienes desempeñan labores manuales. Por tanto, tienen derecho a hacer huelga. El fallo contradice otro recurso constitucional, una Acción Popular que en enero de este año presentó un dirigente de los trabajadores de la prensa de El Alto. Por los resultados de esa acción, los médicos ya no debían parar porque, al hacerlo, ponen en riesgo la salud no de uno o unos cuantos pacientes sino de toda la sociedad.

Por eso, por el carácter especial que tiene el trabajo de los médicos, es lícito preguntarse hasta dónde llega su derecho a la huelga. Está bien que se los reconozca como trabajadores y, por lo tanto, también su derecho a hacer paros, pero… ¿dónde queda el interés común?

El mismo razonamiento y, por tanto, la misma pregunta se hacen otros sectores de trabajadores al enfrentarse a la disyuntiva de acatar o no un paro.

Veamos, por ejemplo, el caso de los policías. ¿Qué pasaría si estos acatan una huelga, como ya ocurrió alguna vez? Eso dejaría las puertas abiertas al crimen y la perjudicada sería la sociedad. Lo ideal sería que la Policía nunca pare pero, ¿dónde quedan los derechos de los policías de base que son tan trabajadores como los demás? Eso amerita, entonces, un régimen especial que tome en cuenta las peculiaridades de este servicio.

Otro ejemplo, más conocido para quienes trabajamos en periódicos, es el de la prensa. ¿Hasta dónde es admisible que este servicio pare? Como de derechos laborales hablamos, concentrémonos en el sector de la prensa sindicalizada –porque también existe de otros tipos–: los trabajadores de la prensa están afiliados a organizaciones sindicales, hoy llamados federaciones (con excepción de Oruro que mantiene la nomenclatura de sindicato), que están afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB). Por disciplina sindical, estos trabajadores deberían parar cuando la COB convoque a una paralización de labores, pero no lo hacen. La explicación a esa supuesta indisciplina sindical es sencilla: si la prensa para, ¿quién informa del paro?

La misma lógica se aplica con los cada vez menos populares paros cívicos. La prensa no los acata porque debe informar sobre lo que pasa con motivo de estas medidas de presión. Si sigue trabajando no es porque no se identifique con su pueblo y con sus necesidades sino porque simple y llanamente no debe hacerlo.

Ahora bien, ¿qué pasa con los médicos? ¿Es coherente que, aunque sigan abiertos los servicios de emergencia, se le prive a la población de su derecho a la salud? Los servicios de emergencia son eso, de emergencia. Cubren casos que requieren atención inmediata, pero ¿qué pasa con el resto?, ¿qué con los que están en tratamiento?, ¿qué con los que deben ir a una consulta o reconsulta que no sea necesariamente una emergencia?

Ayer se informó que el Gobierno y los médicos iniciarán su diálogo el lunes, cuando se hayan cumplido tres semanas exactas de un paro que, a decir verdad, no tiene sus propósitos claros para el común de la gente. Son tres semanas de perjuicio para los pacientes, no para el Gobierno.


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