El 30 de agosto pasado, el Presidente, acompañado de otras autoridades, estuvo presente en la Planta extractora de líquidos Gran Chaco Carlos Villegas (Pgchcv), donde anunció que el día anterior había aprobado la licitación pública para la contratación de la ingeniería del proyecto Plantas de Propileno y Polipropileno. La noticia amenizó más el evento, que ya era muy simpático por la presencia de jóvenes bailarinas tarijeñas. En el transcurso de la reunión se realizaron varias intervenciones políticas indicando que la noticia que dio el Primer Mandatario mostraba que no se había olvidado de la industrialización del gas y sus beneficios futuros para la región. Fue tan repetido el concepto que se hacen necesarias algunas aclaraciones.
La industrialización de nuestro gas natural fue mencionada públicamente por primera vez por el presidente Ovando en su célebre discurso justificando la participación de las FFAA en la nacionalización de la ex Bolivian Gulf Oil Co.
YPFB en 1974, creó como una repartición interna la Dirección de Gas y Petroquímica, con la que las ideas de industrialización de nuestro gas en forma de plásticos (polietileno y polipropileno) y fertilizantes (úrea) se llevaron a las negociaciones con Brasil y el Acuerdo de Cartagena.
En las negociaciones con Brasil, se acordó que conjuntamente con la venta de gas natural, Brasil compraría 200.000 TMA de urea y se liberó de toda carga arancelaria a la futura producción boliviana de etileno y propileno.
En 2002, la firma semiestatal brasileña Braskem, la empresa petroquímica más grande de Latinoamérica, ofreció a YPFB la formación conjunta de un gran centro petroquímico en las cercanías de Puerto Suárez, aprovechando el gasoducto Bolivia-Brasil, firmándose cartas de intenciones. En el año 2006, Braskem trató de ponerlas en efecto para que se inicien en 2010. Lamentablemente, esos años estaban cubiertos de un intolerante y obtuso nacionalismo, razón por la cual esa gran perspectiva no se llevó adelante.
La nueva Constitución Política del Estado de 2009 estableció que la industrialización del gas como petroquímica sea efectuada por la Empresa Boliviana Industrializadora de Hidrocarburos, EBIH.
La empresa fue creada rápidamente y el Poder Ejecutivo en un franco desconocimiento de lo que es industrializar, encomendó a la flamante empresa la utilización de material petroquímico de Venezuela, manufactura de tapones para garrafas y obtención de tubería de gas para instalaciones domiciliarias. Era obvio que para el Ejecutivo utilizar material petroquímico equivalía a industrializar. El avance de la nueva empresa fue muy deficiente, creándose una mutua frustración. Por Decreto Supremo, el Ejecutivo optó por encomendar a YPFB la petroquímica de base y replegó a la EBIH a la petroquímica de segunda transformación.
Rápidamente, YPFB acometió el proyecto de fertilizantes mediante decretos de excepción y licitaciones directas. Así terminó otorgando a la firma Samsung la construcción de una planta de amoníaco y úrea. La decisión era correcta, pero su implementación ha sido pésima. Se instruyó que la planta sea en Bulo Bulo en el Chapare, donde las condiciones naturales son totalmente adversas y hasta la fecha no se tienen vías de comunicación para realizar la exportación del producto. El proyecto tuvo tres años de atraso y un costo superior a los 1.000 millones de dólares.
YPFB también trató de instalar una planta de polipropileno sobre la base de una serie irregular de informes con la firma Tecnimont, de un proyecto que se estima costaría 2.200 millones de dólares. Cuando se estaba a punto de otorgar la construcción de la planta, las observaciones que formularon los especialistas hicieron que se cancelen los contratos y el actual Presidente de YPFB fue nombrado con el encargo especial de estudiar y enjuiciar esos procedimientos. Hasta la fecha no se conocen los resultados de esa investigación excepto comentarios irregulares del Presidente a.i. que se habían cometido errores procedimentales solamente.
La información que dicha autoridad proporcionó en el Pgchcv la semana pasada, fue en sentido que la futura planta tendría una producción de 250 mil TMA de polipropileno, con el suministro de propano como materia prima de la Pgchcv. Que el costo del proyecto sería de 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.840 millones de dólares ya están financiados con un crédito del BCB.
Aparentemente, se están manejando cifras de los informes de Tecnimont, a pesar de que de cuando fueron elaborados a la fecha hay grandes variantes. Todo el proyecto depende del suministro regular de la planta Pgchcv, después de tratar por lo menos 20 MMm3/d. Con las reservas menguadas, no podemos garantizar ese suministro por 20 años que requiere la venta de ese volumen para que los licuables sean destinados a la petroquímica. En síntesis, no tenemos reservas de gas, producción ni comprador suficiente para tener la planta Pgchcv funcionando todos los días para suministrar materia prima.
Además, las finanzas nacionales a corto y mediano plazo no permiten financiar proyectos de dudosa rentabilidad.
Afortunadamente, el próximo mes de octubre tendremos elecciones nacionales para un cambio de Ejecutivo y Legislativo, por tanto, este proyecto, que sería la inversión más grande que ha realizado el país, debería ser públicamente justificado por YPFB a los futuros Legislativo y Ejecutivo, provenientes de las futuras elecciones.
