Cuando un político enuncia una palabra discriminatoria hacia un grupo vulnerable, el peligro es exponencialmente mayor que cuando ocurre en la base social.

No importa si quien señala esa posición es un candidato que apenas aparece en las encuestas, como el ciudadano Chi Hyun Chung, quien aseguró que los homosexuales sufren una enfermedad psiquiátrica que requiere un tratamiento médico.

Los colectivos Lgtbi han presentado una denuncia por discriminación contra el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por esta posición claramente homofóbica; sin embargo, la lentitud de los procesos que tratan esta materia, anticipa que no será posible conocer el fallo antes de las elecciones nacionales.

En 1974, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales por considerar, desde un punto de vista científico, que se trataba de una orientación sexual tan legítima como la de los heterosexuales.

Considerar a los otros como “enfermos” por su diversidad sexual lleva a la discriminación, flagelo que está proscrito en la Constitución, que garantiza los derechos sexuales de todos los ciudadanos.

Homosexuales, migrantes y mujeres son objeto de discriminación de forma sistemática en el discurso político de sectores conservadores en Bolivia y a escala global.

Víctor Hugo Cárdenas y sus propuestas para armar a las mujeres y hacer campaña contra los homosexuales, o Evo Morales y sus reiteradas expresiones machistas que revelan una visión de menoscabo hacia el sector femenino, o el gobernador de La Paz que cree que la violencia contra las mujeres se debe a que ellas salen a trabajar y hacer política, así como otros casos de dirigentes políticos de diversos partidos, que señalan una tendencia alarmante de intolerancia hacia quienes piensan diferente y merecen respeto.

El sociólogo francés Michel Wieviorka, uno de los mayores expertos mundiales en el análisis del racismo y la discriminación, ve que el peligro de estas afirmaciones radica en que pueden legitimar y amparar la violencia racista contra esos sectores tal como ocurre en el último tiempo de forma alarmante.

La estigmatización y el prejuicio que expresa, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra migrantes latinos y contra los musulmanes puede abonar las posiciones intolerantes hacia esos sectores sobre la base de ideas preconcebidas que no tienen sustento científico. Considerar que los migrantes mexicanos son todos ladrones y violadores es potencialmente más peligroso cuando lo dice un líder político que cuando lo hace cualquier vecino en las calles.

El “supremacismo” blanco ampara sus acciones violentas en la teoría del “gran reemplazo”, que asegura que hay una acción deliberada y conspirativa para reemplazar la población europea por la musulmana, lo que justificaría la reacción islamofóbica hacia esos grupos.

Ningún estudio demográfico podría seriamente justificar semejante exageración, basta consultar la estadística para saber que los musulmanes en Europa no superan ni el 10% de la población y que plantear una “invasión” es sencillamente un absurdo.

A escala global hoy se viene remarcando sobre un retroceso de la democracia, entre otros factores, por la incapacidad de los políticos para encarar los cambios que demanda la sociedad. Cuando escuchamos posiciones discriminatorias hacia las mujeres, hacia los migrantes o hacia los homosexuales de parte de quienes aspiran a conducir o ya dirigen una sociedad es mucho más que preocupante.