EDITORIAL

Ante el juicio de la historia

Ya van más de dos meses que los habitantes de la Chiquitanía y zonas aledañas advirtieron que habían estallado incendios en su zona, sin lograr que los escuchara el poder. Solo cuando el fuego había crecido en cantidad y magnitud, las autoridades giraron sus cabezas hacia esa zona del país.

Desde principios de julio, el fuego es incontrolable y los tardíos esfuerzos del Supertanker y de los helicópteros que descargan bolsas de agua no fueron la solución que todos esperaban. Más pudieron los trabajos terrestres, pero tampoco alcanzaron. Las llamas parecen encaprichadas y sedientas de monte, dejando aridez y desolación por donde avanzan.

Ya ha comenzado el debate acerca de las causas y también de las tareas que se debe encarar para que esta tragedia ambiental no se repita. Hay quienes atribuyen el fuego a los nuevos asentamientos (se habla de más de un millar de traslados de colonos desde diferentes lugares del país, con un factor común, su inexperiencia en tareas agrícolas y su posible vinculación con el partido en función de gobierno). Los ambientalistas también atribuyen las quemas y los desmontes a la gran industria agropecuaria, en el marco de la expansión de la frontera agrícola, tan promocionada desde principios de año por el Gobierno y por los empresarios. Sin duda, hay que investigar y determinar el origen para no repetir esta experiencia que llena de dolor a Bolivia y al planeta.

La gravedad del asunto determinó que las autoridades anunciaran una pausa ecológica. El impacto de esta destrucción dejará sequía, contaminación de ríos, la pérdida de especies forestales y, sobre todo, que la diversa fauna ya no tiene dónde vivir y los ciclos de la naturaleza se han quebrado con imprevisibles consecuencias.

Mientras los bosques ardían, se supo que el Gobierno había aprobado leyes y decretos perdonando las quemas ilegales y también autorizando chaqueos en parcelas de menor dimensión y eso, sumado a la inexperiencia de nuevos habitantes de la tierra, se convertía en un cóctel volátil que terminó en una explosión de dolor. A esa información se sumó el pedido que hicieron los ganaderos al presidente: que deje esas normas como están, que no las toque. Y entonces el alcance de la pausa ambiental quedó en duda, será sometido a debate, como si no bastara tanta destrucción, para asumir medidas heroicas, aunque no sean tan populares.

Lo peor es el componente político del asunto. El Gobierno que culpa a la derecha; la oposición que acusa al poder gobernante; mientras todos ellos proponen seguir expandiendo la frontera agrícola nacional.

Inquieta el poco conocimiento de la tierra, la falta de conexión con una realidad mundial que plantea la contaminación y el consiguiente calentamiento global como un serio problema a resolver. Preocupa que siga pesando tanto el enriquecimiento a corto plazo, por encima de la calidad de vida.

No sirven en este momento ni las críticas de los intelectuales ambientalistas, que hablan desde sus escritorios patrocinados desde afuera, ni la postura de los agroindustriales que quieren beneficios a corto plazo, ni los afanes políticos de poblar los territorios donde hay menos votos favorables al partido en función de gobierno con discursos trillados de que si eso no se permite es racismo.

Este es un momento en el que se necesita despojarse de los intereses sectarios y encarar un debate de fondo, pensando en el verdadero interés de Bolivia y de los bolivianos, pensando en el presente y también en los próximos 50 o 100 años. De lo contrario, la población será la primera en juzgar las acciones y las omisiones. 


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