Hace exactamente un año, el 23 de octubre de 2018, la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katya Uriona, renunciaba a su cargo.
No era una renuncia cualquiera. No tenía que ver con razones personales ni de salud. Uriona se iba porque, para entonces, la situación en el TSE era insostenible.
La presión era agobiante. Convertido en otro poder del Estado, por efectos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Tribunal Supremo Electoral tenía en sus manos viabilizar la candidatura del presidente del Estado.
Estaba en cuestionamiento porque, menos de un año antes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había resuelto habilitar dicha candidatura aún en contra de la CPE.
En su artículo 168, la CPE dice que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. El presidente y vicepresidente del Estado ya habían sido reelectos una vez, e incluso más, y ya no podían volver a postular. Eso decía la Constitución que, al no haber sido modificada, no podía interpretarse de manera distinta. Sin embargo, el TCP lo hizo contra toda lógica jurídica.
El argumento del Tribunal Constitucional era risible y hasta infantil. Se aplicaba, como la norma más favorable, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que señala, en su inciso b) que todos los ciudadanos tienen derecho a “ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”. Fue un exceso porque ese es un derecho general, para todos los ciudadanos, que el TCP aplicó como si fuera personal, para una sola persona; es decir, el presidente del Estado.
No se tomó en cuenta que la CPE está por encima de toda norma en cualquier sociedad jurídica y políticamente organizada sobre un territorio determinado. No se lo hizo porque el Gobierno tenía una idea fija: reelegir al presidente.
Esa realidad puso al TSE bajo fuego y, en lugar de dedicarse a organizar elecciones limpias, se puso a urdir cómo ratificar el binomio ilegalmente habilitado por el TCP. La gran salida eran las elecciones primarias. Eso se discutía cuando Uriona no pudo más y renunció al cargo. Se limitó a decir que el Órgano Electoral se había “estancado”.
El lunes 22 de octubre de 2019, Olga Martínez Vargas renunció a su cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca y su colega Gunnar Vargas se declarí en la clandestinidad. Su conducta es una directa consecuencia de la indignación popular por la divulgación de resultados electorales que no coinciden con la realidad. A causa de ello, los edificios de los TED de Chuquisaca, Potosí y Tarija fueron incendiados por la gente, en un exceso repudiable, sí, pero que es directa consecuencia de un enardecimiento popular que no fue previsto.
Y finalmente, luego de meses de aguantar presiones e intromisiones, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renuncia a su cargo. No es el primer caso. Mucho antes, incluso antes de Uriona, José Luis Exeni había renunciado a ese mismo puesto.
¿Qué está pasando? Las renuncias no pueden ser casuales. Son necesarias las explicaciones, la población las está esperando.
