En Potosí, donde se reunió ayer el Bloque Cívico del Sur, los representantes de Chuquisaca, Tarija, Oruro y el mismo Potosí pasaron, incluso, a una tercera etapa: ya no se conforman con la anulación de las elecciones… quieren la renuncia de Evo Morales
La preclusión es uno de los principios que rigen los procesos judiciales y, por extensión, a todos los procesos con efectos jurídicos. Entre estos se encuentran los procesos electorales.
Este principio equivale al cierre definitivo de un acto sin dar lugar a retrocesos o revisiones; es decir, que una vez que una parte del proceso, o el proceso mismo, se han clausurado, entonces estos se quedan así, sin opción a revisión.
En teoría, la preclusión electoral busca evitar que hechos importantes del proceso, como el conteo de actas en los recintos de votación, ya no sean revisados y, así, se respeta la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
El principio está incluido en el inciso k) del artículo 2 la Ley N° 026 del Régimen Electoral que señala que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”.
Ahora bien, este principio, diseñado para proteger la voluntad popular, puede usarse también para el propósito contrario. Eso podría ocurrir cuando se cierre un proceso electoral y, así, se evite que sufra algún tipo de revisión.
En el marco de la técnica jurídica, la preclusión operó el viernes, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer los resultados de las elecciones del domingo 20 de octubre. Los resultados, cuestionados por una buena parte de la ciudadanía boliviana y ahora impugnados por acusaciones de un masivo fraude electoral, fueron presentados en 16 minutos, casi sin formalismos, y, así, se clausuró el proceso. En teoría, ya no pueden revisarse así que los ofrecimientos de Evo Morales de ir a una segunda vuelta si una auditoría encuentra fraude no parece tener sustento jurídico.
Pero el verdadero problema no parece estar en la interpretación jurídica sino en los hechos. El periodo poselectoral, que hoy cumple una semana, se dividió en dos etapas. La primera se caracterizó por la expectativa de la gente porque la diferencia entre el primero y el segundo hacía prever una segunda vuelta. Pero el corte de la transmisión digital, y los resultados que aparecieron después despertaron las sospechas. Comenzó a hablarse de fraude y, así, la expectativa de la segunda vuelta se convirtió en demanda.
Las protestas pasaron de menos a más. Con una mayor visión política y menor ambición, el presidente podía, en un acto de magnanimidad, acceder a la segunda vuelta, antes de que termine el cómputo, y así iba a evitar la eclosión social que estaba ganando cuerpo. Sin embargo, pudo más su soberbia y, en lugar de ceder, anunció su victoria, con composición del Parlamento incluido, y no solo provocó indignación sino que alimentó las sospechas de fraude.
Ahora la protesta ha crecido a niveles insostenibles. Ocho de los nueve departamentos del país se han movilizado incluso con huelgas indefinidas que en la mayoría de los casos se están cumpliendo de manera contundente.
Los enfrentamientos menudean y la Policía se ceba fundamentalmente con los universitarios de La Paz. Todo, incluidos los anuncios de los cívicos, apunta a que las protestes crecerán.
Ante ese panorama, el presidente retrocedió por primera vez pero apenas un milímetro. Dijo que aceptará una segunda vuelta si una auditoria demuestra el fraude. Tarde, muy tarde, porque la indignación popular ya ha cambiado de demanda. Ahora no se pide segunda vuelta sino anulación de las elecciones. En Potosí, donde se reunió ayer el Bloque Cívico del Sur, los representantes de Chuquisaca, Tarija, Oruro y el mismo Potosí pasaron, incluso, a una tercera etapa: ya no se conforman con la anulación de las elecciones… quieren la renuncia de Evo Morales.
El presidente pudo evitar esta eclosión pero no lo hizo a tiempo. Su oportunidad ha precluido.
