El ultimátum lanzado el sábado por el líder cívico cruceño al presidente Evo Morales, dándole un plazo de 24 horas para que renuncie a la conducción del país, le ha dado al conflicto que mantiene convulsionada a Bolivia por casi dos semanas un viraje radical.
El país está al borde de una confrontación que hora que pasa parece cada vez más próxima e irremediable. Circulan especulaciones y rumores de toda naturaleza pero, a ciencia cierta, nadie es capaz de hilvanar una hipótesis sobre lo que está a punto de suceder.
Todas las vías planteadas en el debate nacional para dirimir el lamentable desenlace de las elecciones del pasado 20 de octubre parecen ya no importar a nadie. La constatación del denunciado fraude electoral, la auditoría que realiza la Organización de los Estados Americanos (OEA) al resultado de esos comicios, la demanda de una segunda vuelta o la mismísima anulación del proceso electoral, han pasado a un segundo plano por la vertiginosa e inesperada evolución de los hechos.
A ello acaba de sumarse, ayer, un nuevo elemento: el segundo candidato más votado descartó su exigencia de ir a un balotaje. Luego de una asamblea general de Comunidad Ciudadana, el candidato Carlos Mesa descartó su inicial exigencia de ir a una segunda vuelta y demandó la anulación de todo el proceso electoral. Y lo hizo con el acompañamiento de los parlamentarios que habrían resultado electos de acuerdo al cuestionado cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La única certeza, a estas alturas, es que las elecciones del 20 de octubre, y sus resultados, no gozan de la credibilidad y menos de la legitimidad de las que debería estar revestido un acto democrático de esa naturaleza.
Así pues, lo que en este momento está en juego y en debate, elevando la situación nacional a un clima de máxima tensión, es la demanda de renuncia del presidente Evo Morales; un pedido en torno al cual se han alineado todos los comités cívicos y la población que se encuentra movilizada en el país.
Nadie, sin embargo, ni los que exigen la renuncia ni los que piden anular las elecciones plantean la fórmula para evitar que el país caiga en una peligrosa ruptura institucional, tomando en cuenta que el actual período constitucional concluye el próximo 22 de enero de 2020; es decir, en poco más de dos meses.
Los cívicos y la oposición parecen haber echado ya todas sus cartas sobre el tablero político. Es de suponer que el Gobierno y el partido oficialista harán lo propio en las siguientes horas, aunque ya se anticiparon en calificar las movilizaciones como aprestos golpistas y en rearticular sus organizaciones sociales en torno a la defensa del poder político.
Aunque el conflicto se extiende a prácticamente todas las capitales, los dos focos de mayor tensión social son, a no dudarlo, Santa Cruz y La Paz. Las dos ciudades más pobladas y gravitantes del país. La primera, que concentra el motor económico de Bolivia, viene sosteniendo un paro total y radical de sus actividades, como nunca lo había hecho en la historia reciente; en tanto que la segunda, que centraliza las instituciones de Gobierno y todo el aparato burocrático del Estado, parecería ser el escenario final en el que los dos sectores enfrentados apuestan a medir sus fuerzas. Aunque esperamos estar equivocados, la confrontación parece inminente y el desenlace de esta crisis es, cada vez más, de pronóstico totalmente reservado.
