Ante la grave tensión social y crisis política que atraviesa Bolivia, como consecuencia de un posible fraude electoral, acontecido en las recientemente realizadas elecciones nacionales; el gobierno boliviano, entre sus últimas cartas, ha logrado un convenio con el Secretario General de la OEA, para que un equipo especializado de la organización internacional regional, efectúe un análisis de integridad electoral y auditoría del cómputo oficial de los comicios del 20 de octubre en Bolivia.
El equipo multidisciplinario de la OEA, se encuentra conformado siquiera por 30 especialistas y auditores internacionales; entre ellos, abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, etc.
Vale precisar que este equipo especializado es distinto a la Misión de Observación Electoral de la OEA; más bien, ésta última podrá observar el trabajo que desempeñe el equipo de especialistas y auditores, quiénes precisamente comenzaron sus faenas de comprobación y auditoría a partir del jueves, 31 de octubre del año en curso e indicaron además, que efectuar todo el análisis de integridad electoral les demandará un tiempo aproximado de 12 días, para luego ser elevado dicho informe al Secretario General de la OEA.
Si bien, la OEA promueve la cultura democrática, contribuye al fortalecimiento de los procesos políticos y al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo de sus Estados Miembros; empero, la auditoría electoral encomendada a la OEA por el gobierno de Evo Morales, en el colectivo boliviano ha originado más sombras que luces, profundizando la crisis política.
La sociedad civil en su conjunto, pero de manera especial cabe resaltar la participación de la juventud, quiénes conformaron multitudinarios cabildos en las principales ciudades bolivianas, exigiendo entre otros puntos, la anulación de las elecciones nacionales del 20 de octubre y el rechazo a la auditoría electoral de la OEA, pese al gran despliegue publicitario del gobierno.
Lamentablemente, el sistema interamericano ha esquivado el bochornoso apoyo oficial brindado por Luis Almagro en su condición de Secretario General de la OEA, para que Evo Morales, actual Presidente de Bolivia, pueda ser candidato por cuarta vez consecutiva, obviando los resultados del 21F y vulnerando lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución, que dispone la reelección por una sola vez y de modo continuo, como también el informe de la Comisión de Venecia, por el cual se sustenta que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que se deriva de un derecho a la participación política.
La conducta abyecta de Luis Almagro, que en principio cuestionó la repostulación presidencial de Evo Morales, para luego elogiar al presidente boliviano como un “adalid” del hemisferio, por los logros obtenidos en sus largas gestiones e inclusive llegó a participar activamente en actos proselitistas, como el acontecido en la localidad de Chimoré del departamento de Cochabamba, el 18 de mayo del presente año, donde el MAS y dando inicio a una intensa campaña electoral, proclamó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Evo Morales y Álvaro García, respectivamente. Este señor, quién estaba oficialmente en gira internacional, en Bolivia actuó como un militante más del partido político oficialista y fue utilizado como un eficaz operador político.
Sin embargo, este accionar escabroso de Almagro, en la práctica le ha servido y de manera indisimulada para entrometerse en los asuntos internos de Bolivia, pero con total vulneración a lo dispuesto por el inciso b del artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que sustenta: Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; por ser una de las principales autoridades del organismo regional, en su estadía en Bolivia, debiera haber respetado en todo momento el principio de no intervención en los asuntos internos del país, lo cual llega a violar también los principios de imparcialidad y neutralidad; por cuanto, las elecciones y la actividad proselitista, son de competencia íntegra del pueblo y de sus instituciones de Bolivia, prevaleciendo así el derecho de no intromisión. Por lo explanado y desgraciadamente, Luis Almagro para la sociedad civil boliviana, se ha convertido en un siniestro personaje y le ha restado total credibilidad a la OEA; por el solo hecho de haber participado en actos proselitistas e intervenir a favor del binomio oficialista (muy cuestionado por sus ambiciones de prorroguismo ilimitado), no sólo ha violado el principio de no intromisión sino que allana el camino para que los abusadores del poder (existen bastantes en la región), pretendan indebidamente perpetuarse en sus cargos y de esta forma la democracia se convierta en “democradura” o dictadura subrepticia, disfrazada de democracia; es decir, la democradura es un modelo político entre la dictadura y la democracia. Al ser la OEA un organismo internacional regional y supranacional, que afianza la paz y seguridad continental, que promueve la democracia representativa sujeto al principio de no intervención, por ningún motivo puede convertirse en una organización internacional que acredite procesos políticos, elecciones ni gobiernos, mucho menos parcializarse con los partidos oficialistas de turno; de ahí que, los Estados Miembros deben llevar a cabo sus elecciones de acuerdo a sus propias leyes, sin interferencia externa alguna, porque los procesos de observación y de auditoría electoral promovidos por la OEA no son intrusivos y no son vinculantes. Los gobiernos democráticos deben ser limitados con relación al tiempo y al espacio, donde coexistan respetando la independencia de los órganos de poder estatales, donde se establece un equilibrado sistema de frenos; por ello, el Tribunal Constitucional boliviano prevaricó al aplicar errónea y con mala fe, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al reconocer como derecho humano, el derecho político de ser elegido indefinidamente, sin tomar en cuenta el inciso 2 del artículo 32 de la misma Convención que imperativamente dispone: Correlación entre deberes y derechos. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Finalmente, el artículo 108 de la Carta de la OEA, dispone que el Secretario General debe ser elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no puede ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad; bajo esos parámetros, el Secretario General puede ser reelegido una vez más; empero, ¿podrá Luis Almagro argüir el derecho humano a la reelección indefinida, para que pueda prorrogar su mandato de manera ilimitada?
