Al término de un largo período de régimen absolutista se pudo retornar en nuestro país el año 1982 a la forma de gobierno democrática, representativa y participativa, bajo cuyo manto fue elegido en diciembre de 2005 el presidente Evo Morales durante dos gestiones seguidas de cinco años cada una, con prohibición de ser reelecto para una tercera gestión inmediata a las constitucionalmente establecidas.
Violando la norma, logró fraudulentamente el ilegal ejercicio de sus funciones de mando en un tercer período. Con ese acto desertó del régimen democrático e impuso el absolutista de carácter totalitario. En acto de transgresión complementaria, preparando el propósito de ser gobernante vitalicio intentó por medio de sus adláteres durante las sesiones de la Asamblea Constituyente (frustradas mediante acuerdo suscrito con la oposición ante conciliadores de la OEA). No acató el pronunciamiento popular de rechazo a esa pretensión expuesto en referéndum; logró una abyecta decisión del Tribunal a su favor y se postuló como candidato a un tercer período.
Efectuado el acto electoral fue proclamado ganador de los comicios por el Órgano Electoral, decisión que fue considerada engañosa por una reacción general que tiene al país en vilo desde el día en que se hizo conocer esa decisión. Una facción de ese movimiento que ha ingresado en posiciones radicales exige la renuncia del Presidente. El sector político liderado por el candidato Carlos Mesa, principal oponente del gobernante, considera que la posición acomodada a la legalidad constitucional está en que, puesto que la supuesta victoria de éste fue resultado de un fraude, el Presidente no debe renunciar a sus funciones sino presidir un nuevo acto electoral con otro postulante.
Esa es la posición sensata. Si finalmente se impone la cordura, queda para solución del conflicto un solo problema. Puesto que según la Constitución es la Asamblea Legislativa el órgano encargado de elegir a los miembros del llamado Tribunal Supremo Electoral, en situación extrema se puede y debe recurrir a otros medios. Tradicionalmente, en situaciones como la actual, a pedido de las partes en conflicto, fueron representantes de la Iglesia católica quienes lograron la pacificación anhelada. Para el momento actual se puede pensar en una comisión integrada por miembros de las distintas confesiones cristianas, unas católicas y otras evangélicas, más un representante de los Partidos Políticos que obtuvieron los dos primeros puestos en el último acto electoral. Esa comisión, la cual para tranquilidad del gobernante podría ser presidida por el cardenal Toribio Porco Ticona, tendría potestad para elegir a las máximas autoridades del Órgano Electoral.
