La de ayer ha sido una de las jornadas políticas más intensas de la historia democrática boliviana. La evolución de los hechos, que derivó en el anuncio de renuncia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, los presidentes de las dos cámaras legislativas, varios ministros de Estado y otras autoridades públicas, ha dejado temporalmente al país en una situación de vacío de poder.
La decisión, anunciada luego de casi tres semanas continuas de una movilización cívica de proporciones nunca antes vistas, es el desenlace de unas elecciones generales marcadas por una cadena de irregularidades que ayer fueron puestas en evidencia por el informe de auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Si bien, por un lado, la ciudadanía movilizada estalló en júbilo tras conocerse la decisión de los primeros mandatarios del país, no tardó en ser secundada por actos vandálicos y delincuenciales de sectores que, amparados por la sombra de la noche, comenzaron a generar el pánico particularmente en la ciudad de La Paz.
Y ello, sin dejar de mencionar los violentos ataques y emboscadas que, por segundo día consecutivo, tendieron grupos armados a caravanas de civiles que se dirigían a La Paz desde la ciudad de Potosí, así como por la quema de inmuebles de autoridades públicas.
Hoy el país despierta temporalmente en medio de un vacío de poder que debe ser resuelto a la brevedad posible. Las renuncias de los mandatarios deben ser formalizadas y aceptadas en la Asamblea Legislativa, para activar los mecanismos de sucesión constitucional que permitan reorganizar el Gobierno.
Y es de suponer que ese proceso encuentre, todavía, otros tropiezos políticos, dada la mayoría parlamentaria del partido oficialista, y el escaso tiempo que resta para la conclusión del período constitucional, en enero de 2020; tiempo en el cual tendrían que organizarse unas nuevas elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores.
Será un desafío titánico afrontar el actual y complejo escenario político e institucional, alejando el riesgo del caos y posibilitando el inmediato restablecimiento de todas las actividades del aparato estatal.
Es imperativo, en este momento, que la paz y la calma retornen al país. Que el estado de zozobra desatado anoche no sean apenas el anuncio de una oleada de más violencia organizada y alentada políticamente contra la población de los principales centros urbanos de Bolivia.
Urge, pues, que la Policía Boliviana retome sus labores habituales de control, resguardo y seguridad del orden; que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil interpongan sus mejores oficios para la pacificación del país; y que los actores políticos actúen con responsabilidad ante la patria. El país tiene que cerrarle las puertas a cualquier atisbo de alentar o instigar la violencia política. El lenguaje de la democracia, la paz y la convivencia armónica entre bolivianos debe imponerse nuevamente.
