A estas alturas de la dilatada convulsión social, para la mayoría de la población boliviana ha quedado claro que uno de los factores claves para la renuncia de Evo Morales fue la “sugerencia” que en ese sentido le hizo el general Williams Kaliman Romero el ya histórico 10 de noviembre de 2019.
Para ningún político es un secreto que, al perder el respaldo de las Fuerzas Armadas, ningún gobierno puede mantenerse en el poder. La razón es sencilla: ellas tienen las armas. Por eso es que, tras más de 13 años de aferrarse al poder, Morales no dudó en presentar su renuncia. Lo hizo junto a su acompañante de binomio en una larga grabación en la que abundaron en todo menos en dignidad.
Así, Kaliman, que se había caracterizado por una indignante sumisión al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), cerró su carrera. Entendió que el fraude, certificado por la Organización de Estados Americanos, era tan evidente que su institución no podía apañarlo. Sugirió, no pidió ni mucho menos exigió, la renuncia y Morales dejó el país ese mismo día. Nadie podrá negar que Kaliman pasó a la historia.
Pero no se puede entender la actitud del ahora excomandante general de las Fuerzas Armadas sin la que observó, previamente, la Policía. Como se sabe, frente a la presión ciudadana y las acusaciones de fraude, unidades y hasta comandos policiales declararon motín; es decir, comunicaron de manera expresa que no acatarían las órdenes de represión de las protestas ciudadanas.
En virtud a ello, el 9 de noviembre, en este mismo espacio habíamos editorializado precisamente sobre el papel que, hasta esa fecha, estaba cumpliendo la Policía. Con el título “La hora de la Policía”, apuntábamos que el “viernes 8 de noviembre, cuando la Unidad Técnica de Operaciones Policiales de Cochabamba se amotinó y lo propio pasó con otras unidades policiales del interior del país (...) las autoridades policiales intentaron desvirtuar la versión del motín pero en algunos casos, como Sucre, Santa Cruz y Tarija, los levantamientos fueron expresamente identificados como eso, como rebeliones de la tropa contra sus superiores. En el caso de Tarija, hasta el comandante gritó las consignas de los manifestantes”.
Entonces, no fue solo Kaliman ni fueron las Fuerzas Armadas las que, en solitario, promovieron la renuncia. La Policía, que también está armada, fue la primera en anunciar que ya no sofocaría las protestas. Sumadas ambas actitudes, resultaron determinantes para el alejamiento de los exmandatarios.
Policía y Fuerzas Armadas actuaron en el momento justo y, al hacerlo, evitaron, por una parte, un masivo derramamiento de sangre, y, por otra, que la crisis, con Evo Morales en el país, se prolongara por meses, como está ocurriendo en Venezuela.
Pero ha surgido un elemento con una magnitud que pocos habían calculado: la resistencia del MAS a dejar el poder está arrastrando a grandes grupos de personas que mantienen la protesta, esta vez calificando de ilegal a la presidencia de Jeanine Áñez y exigiendo su renuncia. Se trata de una postura a todas luces partidaria que se ha comprobado cuando en muchos de los lugares de bloqueo se ha visto, por ejemplo, que uno de los pedidos es que no se le quite la personería jurídica al MAS.
Esas protestas son reprimidas y eso causa muertes. Si la situación se extiende, lo más probable es que el número de fallecidos se incremente.
Frente a esta situación, y como pasó en su momento con la Policía y las Fuerzas Armadas, ha llegado la hora de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome una decisión: o su mayoría del MAS convoca a elecciones sin elementos perturbadores –como una nueva e ilegal candidatura de Evo y Álvaro– o entorpece la convocatoria y prolonga la crisis.
