Como es de público conocimiento, la corrupción fue una de las marcas del anterior gobierno. La lista de irregularidades cometidas en más de 13 años es tan larga que este espacio no alcanzaría pare enumerarlos, ni siquiera a renglón seguido y solo apelando a las comas.
Entre los casos más sonados está, desde luego, el de Catler Uniservice, que involucró en 2008 al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, y, como el escándalo no se limitó a un millonario pago de sobornos, sino que le costó la vida a una persona, asesinado mediante, el principal acusado fue a parar a la cárcel.
A partir de ahí, la lista de escándalos con cifras siempre de seis ceros creció geométricamente y terminó por deteriorar la imagen del régimen que, finalmente, fue echado del poder a las malas.
Uno de los primeros efectos del desmoronamiento de ese régimen fue la explosión en cadena de revelaciones sobre los escandalosos casos de corrupción que fueron acumulándose durante los últimos años.
Nada sorprendente hay en ello, pues era bien sabido que, probablemente sin excepción, todas las reparticiones del Estado y las empresas públicas, fueron objeto de las más diversas formas de desfalco, desde las más burdas hasta las más sofisticadas.
Se sabía, también, que las empresas de las Fuerzas Armadas llegaron a ocupar un lugar muy destacado en el andamiaje especialmente montado para transferir recursos públicos a cuentas privadas, por ser esa una de las más eficientes maneras de sellar la lealtad y sometimiento de altos mandos militares. Esa fórmula, tan eficientemente aplicada en Cuba y Venezuela, fue también ensayada en Bolivia.
Con esos antecedentes, no resulta sorprendente la agilidad con que han comenzado a salir a la luz pública datos relativos a los malos manejos en que incurrieron algunos excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Se trata, como es fácil recordar, de estafas cometidas en nombre de Transporte Aéreo Militar mediante la compra, con millonarios sobreprecios de por medio, de repuestos y aviones para esa empresa que, por múltiples motivos, llegó a ser todo un ejemplo de los extremos a los que puede llegar el desprecio por la ley.
El caso de los repuestos comprados dolosamente para el TAM, que es el que ha recobrado actualidad a raíz de un informe policial, sin ser pequeño, resulta sólo una muestra, la punta de un ovillo cuyos verdaderos alcances sin duda se irán revelando a medida que avancen las investigaciones.
No se debe olvidar que hay de por medio al menos 21 aviones adquiridos durante los últimos años, sin que ninguno de ellos haya llegado a cubrir los requerimientos mínimos, a pesar de las millonarias sumas invertidas en su compra y reparación.
A ello se debe sumar la manera sistemática y persistente con que TAM se negó a saldar sus deudas impositivas. Son más de 50 millones de dólares, sin contar con las multas correspondientes, los que fueron defraudados al fisco ante la mirada impotente del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el franco y abierto apoyo del Ministerio de Defensa y el alto mando militar.
El caso se presenta como una excelente oportunidad para que las flamantes autoridades del sector aeronáutico del actual gobierno ofrezcan pruebas de su voluntad reparadora de los desmanes cometidos durante los últimos años y esclarezcan por lo menos este caso.
En los demás, como el de la millonaria estafa al Fondo Indígena, hay que esperar lo que hagan las nuevas autoridades. Mientras, resulta poco menos que sorpresiva que la situación de Ramírez haya cambiado y ahora goce de detención domiciliaria.
