El pasado 28 de noviembre, arribó al país una delegación de organizaciones sociales argentinas encabezadas por el polémico Juan Grabois, abogado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), a objeto de elaborar un “informe fidedigno” acerca de la situación política-social y corroborar “in situ” las supuestas denuncias sobre vulneración de derechos y, por supuesto, ratificar la “tesis tendenciosa” de que en el país se gestó un golpe de Estado.
Resulta bastante sugerente la movilización de esta autodenominada “Delegación Argentina de solidaridad con el pueblo boliviano” y que, por cierto, aún no queda claro quién los invitó y financia su estadía en el país.
Desde que llegaron, buscaron llamar la atención de propios y extraños, victimizándose por tratos exhaustivos especiales de indagatorios practicados por las fuerzas de seguridad; hostigamiento y agresiones de connacionales, cuyo acento extraño e irrecusablemente argentino, deducible de los videos que circulan en las redes sociales; evidencian un montaje teatral burdo y barato que planificaron, para subir –me imagino– en el “rating farandulero” al cual nos tienen acostumbrados estos pintorescos populistas trasnochados.
Asimismo, alegaron estar siendo coartados en sus derechos a la libre expresión y, principalmente a la prohibición a emitir opiniones políticas en el país. Esto último no es de extrañar, pues es prerrogativa de cualquier Estado soslayar que foráneos se inmiscuyan en temas estrictamente internos del país que los cobija. Valdría la pena preguntar a estos “excelsos visitantes” si nuestros coterráneos que residen en su natal Argentina tienen al menos semejante atrevimiento de interferir en su política interna.
Grabois, cercano a Cristina Kirchner, no deja de ser el típico carroñero oportunista y tramoyista limítrofe, que procura sacar réditos de uno de los momentos más críticos de inestabilidad política en Bolivia, a raíz de un régimen que cometió fraude electoral comprobado por el informe de auditoría de la OEA.
A modo de ilustración y contextualización al fanático izquierdista argentino, la violencia, la barbarie y el vandalismo desmedido fueron promovidos por las hordas delincuenciales afines al MAS. El incendio de domicilios particulares de personalidades, la quema de los buses PumaKatari, módulos policiales y oficinas de la Alcaldía alteña; amenazas a medios de comunicación; asesinatos, violaciones, saqueos a industrias y centros comerciales; destrucción de pasarelas y el fallido intento de dinamitar las instalaciones de YPFB en Senkata, son pruebas evidentes del terrorismo criminal planificado, ejecutado, financiado y digitado por Morales y sus acólitos.
Estamos seguros que estos detalles no serán contemplados por este aventurero personaje, cual justiciero y defensor de los derechos humanos, arropado por dirigentes y parlamentarios del MAS, como la senadora chilena-boliviana Adriana Salvatierra, pretende elucubrar narrativas sesgadas y tendenciosas, en una clara intención de apoyo y solidaridad al cocalero pseudoindígena, consentido del gobierno mexicano.
Grabois, al igual que Morales, son dados al disfrute de las bondades del capitalismo que hipócritamente desprecian. Bastaría referirse a su estadía en el hotel Casa Grande, el más lujoso de la zona sur de La Paz. Al parecer, este exiguo “Che” Guevara milenial, hizo de la pobreza un negocio lucrativo y su medio de vida; utilizando recursos del Estado argentino para construir territorialidad y poder, cual ha sido el libreto de los populistas izquierdistas.
De ahí que su estadía, lejos de contribuir a la paz social, la dignidad y el respeto a la vida en comunidad de nuestra nación, solo intenta perturbar la seguridad, el orden público y, principalmente, desprestigiar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez ante la comunidad internacional.
