Decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le ha otorgado asilo a Evo Morales por razones humanitarias es tan ingenuo como creer que Papá Noel nos traerá regalos en la cada vez más próxima Navidad.
Las razones por las que AMLO procedió de esa forma son, para empezar, ideológicas, pero de por medio existen razones económicas que están motivando ríos de tinta en el país de Moctezuma.
Uno de los temas que se está debatiendo es el del narcotráfico y sus múltiples secuelas. Como se sabe, el fenómeno está muy presente en nuestro país no solo desde el inicio de la gestión del MAS sino, por lo menos, desde los tiempos de Luis García Meza.
Los datos que dan cuenta de la magnitud del fenómeno al que nos referimos son muchos. Desde hace ya varios años, se han ido acumulando en la memoria colectiva informaciones acerca de la profundidad y extensión con que este mal ha penetrado en la estructura económica, política y social de Bolivia.
Una de las más funestas consecuencias de ese proceso es que como se ha producido de manera paulatina, sin grandes traumas que sirvan para despertar la conciencia colectiva, ha terminado incorporándose a la normalidad cotidiana. Así, la sociedad poco a poco se ha ido acostumbrando a convivir con el mal y fueron perdiendo fuerza esas voces que llaman la atención sobre la gravedad del asunto.
Un ejemplo de lo dicho es que han quedado en un plano secundario las denuncias según las cuales los carteles mexicanos que desde hace al menos 10 años controlan gran parte del tráfico de cocaína, invirtieron enormes sumas de dinero en nuestro país a través de organizaciones mafiosas de origen colombiano.
Se sabe, por ejemplo, que durante la última década solo en la construcción de “megalaboratorios” para la transformación de la hoja de coca en cocaína se invirtieron varias decenas de millones de dólares. Y si eso ocurrió en la infraestructura básica, no es difícil suponer que los montos involucrados en las otras fases de la “cadena productiva” fueron aún mayores.
Otros datos confirman esos temores. El crecimiento exponencial de la extensión de los cultivos de coca no solo en el trópico cochabambino, sino también en zonas antes libres de esas plantaciones, es uno de ellos. La frecuencia con que se descubrieron laboratorios en provincias rurales que hasta hace poco estaban íntegramente dedicadas a las labores agrícolas, es otro.
Por razones obvias, esa situación fue sistemáticamente soslayada, y socapada incluso, durante los casi 14 años que duró la gestión gubernamental encabezada por Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero no pasó desapercibida para los gobernantes de países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, que nunca dejaron de preocuparse por la condescendencia con que trató tan delicado asunto el Gobierno boliviano.
La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle al Estado mexicano, es solo uno más de los muchos aspectos del problema que tendría que servir como llamada de alerta. Precisamente por ello, los últimos presidentes de ese país se han dedicado a combatir a esas mafias que, por tal razón, le han puesto precio a sus cabezas.
La guerra contra el narcotráfico, que incluye al ejército mexicano, comenzó con Vicente Fox y prosiguió con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las mafias mexicanas, o carteles, buscan asesinarlos por eso, pero el gobierno nunca ha dispuesto que gocen de las medidas de seguridad de las que disfrutó, por lo menos de inicio, Evo Morales.
Los periodistas que notaron el detalle mencionaron otro: el cartel de Sinaloa, que estaba dirigido por el Chapo Guzmán, compraba cocaína en el Chapare boliviano.
