En el futuro, cuando los historiadores estudien los sucesos que derivaron en la renuncia de Evo Morales, la primera pregunta que se harán será “¿cuándo comenzó la rebelión?” y encontrarán que hay varias respuestas.
Con la rebelión triunfante, varios se adjudicaron su autoría, lo que no hubiera ocurrido si aquella fracasaba.
Los médicos, por ejemplo, señalan que fueron el sector que le dobló el brazo al Gobierno consiguiendo la derogación de los artículos que reformaban el Código Penal. Su movimiento comenzó a mediados de noviembre de 2017.
Pero la oposición, aglutinada en torno al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, afirma que fue la que luchó contra la ruptura de la institucionalidad democrática que se produjo el 28 de noviembre de ese mismo año, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la vergonzosa sentencia que habilitaba a Evo Morales y Álvaro García Linera a una nueva e ilegal candidatura.
Lo que este diario postula, al revisar los hechos, es que el primer encontronazo contra el gobierno de Evo Morales –ahora concebido como uno solo, aunque se haya dividido en tres periodos– fue el 24 de mayo de 2008, cuando grupos del Comité Interinstitucional de Chuquisaca se movilizaron para impedir la llegada del entonces presidente, y desconocidos, que en el juicio posterior fueron señalados como infiltrados del propio Gobierno, capturaron a un grupo de campesinos a los que se desnudó de la cintura para arriba y se llevó hasta la Casa de la Libertad para hacer que se arrodillaran y pidieran perdón por las tres muertes de La Calancha, en noviembre de 2007, cuando pobladores se enfrentaron con policías durante la lucha por la capitalidad plena. A partir de ese hecho, que el MAS aprovechó para declarar el “Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación”, las relaciones entre Morales y Sucre se fracturaron para siempre.
A la luz de ese análisis, el primer apagón fue ese y luego vinieron los demás. El siguiente fue la huelga de 19 días que protagonizó el pueblo potosino en 2010 exigiendo atención a un pliego petitorio. La medida de presión comenzó el 29 de abril de ese año y fue el apagón entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y un departamento que, hasta entonces, le había respaldado de forma unánime.
En 2015, la elección fraudulenta de Esteban Urquizu, que no fue a segunda vuelta ayudado por una decisión de los vocales departamentales de entonces, volvió a enfrentar a Sucre con Evo Morales y los campesinos marcaron la polarización de manera nítida y expresa. Finalmente, el candidato del gobierno se impuso, incluso sobre las leyes, y asumió como gobernador, aunque desde entonces fue conocido como “trucho”. Ese mismo año, Potosí volvió a parar contra el gobierno, entonces por 27 días y, como para graficar los apagones, hubo tres cortes de energía eléctrica en una noche en la que desconocidos sembraron el terror a través de las redes sociales.
Entonces, primero vino el apagón, o los apagones, y este año, cuando la huelga general indefinida, que primero se inició en Potosí, se hizo nacional, y en los bloqueos callejeros se amarró sogas para colgar banderas de estas, fue el propio Evo Morales quien las rebautizó con un nombre que ya es historia, “pititas”.
"Me he sorprendido. Ahora dos, tres personas amarrando ´pititas´, poniendo ´llantitas´, ¿qué paro es ese? (...). Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas, a ellos para que aprendan", dijo en una concentración en Cochabamba y la indignación nacional fue tal que se reivindicó el apelativo de “pititas” para convertirlo en un símbolo de rebeldía.
Y, finalmente, las pititas lo derrotaron y él tuvo que renunciar al poder. En medio de todo, hubo otro apagón, el del Tribunal Supremo Electoral, el del fraude.
En un especial de 32 páginas que acompaña a este diario, le presentamos la primera parte de nuestro trabajo periodístico que comenzó con un apagón y terminó con las pititas.
