La clase política envilecida por el populismo masista ha dictado la “Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos” pretendiendo otorgar inmunidad a Morales y evitar que sea capturado si decide volver al país.
Esta ley es contraria al derecho: crea un paradigma para los políticos corruptos y delincuentes del futuro. Suplanta el enunciado de la Constitución que declara solemnemente el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión porque cualquier inculpado tiene la posibilidad de alegación defensiva.
Es una Ley paternalista, no un mecanismo de control, menos un instrumento de participación y más que facilitar la vida y la convivencia, convierte al soberano en "súbdito" de caprichos y arbitrariedades de una mayoría parlamentaria temporal.
Con apariencia de buen derecho se desvirtúa el sentido común del orden jurídico al que quieren nulificar y substituir en forma ilegítima prescribiendo no solo inmunidad, sino impunidad. Ese ejercicio de cinismo promueve tiranía y excepción de condena como forma de escapar de la justicia, creando derechos divinos ilimitados para delincuentes.
La decisión es despótica, vulnera aquel principio que consiste en que el Estado no puede ejecutar contra sí mismo las leyes que él mismo se ha dado, pues la voluntad pública manifestada por un “mandato” al Parlamento es utilizada como si fuera su voluntad particular la que prima.
Todos los ciudadanos somos iguales ante las leyes comunes; nadie tiene prerrogativas ni privilegios extraordinarios, nadie está por encima de las leyes y menos quienes ostentan cargos representativos. En un Estado de derecho nadie puede gozar de inmunidad y menos de impunidad, antes, durante y finalizado su mandato.
No se puede permitir el escarnio de la ley en nombre de la democracia. Toda Ley que vulnere el espíritu y el sentido común enunciados en la Constitución, que no esté amparada por la jurisprudencia constitucional e irrespete la dignidad humana, es injusta, y por lo tanto, nula.
La base del Derecho son las normas morales. Si los parlamentarios dictan una ley inmoral, contraria al orden moral, esta no puede obligar en conciencia y debe ser rechazada, ya que conduciría a la inmoralidad de los delitos. El sistema jurídico parlamentario está desvirtuando la esencia de su propia función.
Esta ley, tan injusta como inmoral, no obedece a los principios dictados por la razón y el sentido común de las leyes.
Además de los vicios de nulidad que conlleva, no basta impugnarla o vetarla, ni esperar un pronunciamiento favorable del TCP. Como ley injusta e inmoral, lo correcto es desobedecerla, no acatarla ni cumplirla. La obediencia ciega a las leyes injustas e inmorales es la que lleva a los totalitarismos y su desobediencia es lo que precisamente preserva la democracia.
Será la manifestación de rebeldía contra la tiranía de un poder fenecido que responde a su capricho y a su sola voluntad.
La No Violencia Activa es una metodología de acción social urgente.
