Los principales partidos y dirigentes políticos tienen la obligación de dar muestras de grandeza y responsabilidad con el país. Y deben hacerlo en estas pocas horas (menos de cinco días), antes de que concluya el plazo para la inscripción oficial de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Es decir, antes del 3 de febrero.
Además de la inminente atomización del voto urbano (opositor al anterior gobierno) en al menos cuatro candidaturas prominentes, estamos presenciando las primeras señales de una confrontación política que parece dispuesta a emplear los más bajos recursos de ataque y descalificación.
Penoso espectáculo para esa gran parte de la población que, entre octubre y noviembre del pasado año, protagonizó una movilización sin precedentes en contra del fraude electoral que buscaba legitimar un cuarto mandato de Evo Morales.
¿Qué señal le están dando a las nuevas generaciones de jóvenes que nacieron al ejercicio de sus derechos políticos luchando en las calles por el respeto de su voto y por un futuro con oportunidades?
Ninguno de los al menos dos grupos de poder cruceños (el de Rubén Costas o de Luis Fernando Camacho) hoy en abierta disputa, ni las élites políticas paceñas (representadas por Carlos Mesa y Luis Revilla), habrían tenido el músculo político suficiente para desmontar el aparato de 14 años de poder del MAS.
Al contrario, varios de esos sectores políticos, si no todos, tuvieron, en determinado momento y en distinto grado, algún nivel de cohabitación, funcionalidad e inclusive colaboracionismo con el anterior gobierno.
¿Cómo pueden, entonces, pretender capitalizar para sus propios intereses el sentimiento y las esperanzas de la ciudadanía que fue, en definitiva, la que frenó las pretensiones de reelección indefinida de la administración Morales?
Ahora, que es el turno de los políticos, lo menos que puede esperarse de ellos es que actúen con un sentido de responsabilidad, con visión de país y proyección de futuro.
Se derramó sangre y se perdió vidas de bolivianos. Han quedado abiertas, y están latentes, profundas heridas que tardarán en sanar. Se equivocan, pues, quienes celebran la paz social lograda en los dos últimos meses sin mirar las amenazas que ciernen sobre el futuro.
De una rápida lectura del comportamiento electoral de octubre de 2019 y de los primeros estudios de percepción realizados hasta el momento, se puede inferir, como escenario especulativo pero no menos probable, que el próximo presidente será elegido en segunda vuelta, entre el MAS (con escasas posibilidades de triunfo definitivo) y la agrupación que se ubique entre las dos más votadas.
La cuestión no radica, sin embargo, en el nombre de quien vaya a resultar elegido presidente. Radica en su futura gobernabilidad, que dependerá, en gran medida, de cómo quede compuesta la Asamblea Legislativa luego de la primera votación.
Si la actual tendencia a fraccionar el voto urbano se consolida, serán mayores las probabilidades de que el MAS aspire al primer o segundo lugar en varios departamentos donde conserva núcleos importantes de electores, con la consiguiente posibilidad –ahora lejana– de controlar la mayoría de la Cámara de Senadores.
En ese hipotético escenario, es de suponer que el MAS no adoptará la línea de facilitar acuerdos legislativos, sino todo lo contrario. Y un presidente, cualquiera que sea, sin gobernabilidad política, no es el mejor augurio para el futuro Gobierno.
