La forma de gobierno de la república de Bolivia es la democrática representativa, según la cual el ejercicio del poder político surge de la voluntad expuesta por los ciudadanos mediante sufragio en acto electoral.
La mayor parte de los gobernantes del siglo XIX llegaron a la función de gobierno por rebelión mediante alzamientos armados, pero utilizando su poder se transformaron en presidentes constitucionales.
En el siglo XX, tres gobernantes de ese mismo origen recurrieron a similar procedimiento. Solamente tres convocaron a elecciones para renovación del poder político. A ellos se agrega uno que reconoció la validez de elecciones efectuadas dos años atrás.
De insólita transgresión al régimen democrático, fue autor un gobernante que, después de efectuado el acto electoral correspondiente, entregó el poder a una Junta Militar en vez de permitir que se reúnan en congreso los electos parlamentarios, para elegir nuevo presidente entre los dos candidatos con mayor votación.
Durante uno de los gobiernos se introdujo la posibilidad de reelección inmediata del presidente, quebrantando la regla tradicional de alternabilidad en el mando.
En el siglo presente, la Constitución del año 2009, inspirándose en ese nefasto antecedente, restableció la modalidad de reelección, pero por una sola vez de manera continua.
A fin de que la indicada continuidad se haga efectiva, violando la regla que obliga a funcionarios en ejercicio a renunciar a sus cargos si aspiran a ser candidatos para evitar que se beneficien del poder, liberó de esa obligación al candidato-presidente.
De graves consecuencias fue la ilegal postulación del último gobernante para un tercer periodo, con la falacia de haber declarado válido solamente el segundo de ellos, por proceder el primero de normas anteriores a la nueva Constitución.
Además, intentó llegar a un cuarto período, igualmente ilegal, mediante referéndum para lograr que se modifique la regla contraria a su extraña pretensión.
Finalmente, por gracia de un acto delictivo perpetrado por los guardianes de la Constitución, fue candidato para un cuarto período, ocasión en la cual, ante la posibilidad de no ser electo, recurrió a un fraude que, declarado como tal por una delegación de la OEA por él solicitada, renunció a su cargo y se refugió en el extranjero.
