El Viceministerio de Política Tributaria anunció una nueva norma del sector que pretende generar seguridad jurídica para el sector privado, de manera que se invierta y se generen más fuentes de empleo.
Es una buena noticia porque, en el anterior gobierno, los impuestos fueron un instrumento de control político más que una herramienta de recaudación de ingresos.
Quizás por esta persecución es que Bolivia es uno de los países con mayor informalidad del continente. Casi tres cuartas partes de las actividades económicas son informales, porque ajustarse a las pesadas normas es un calvario amenazador.
En la complicada papelería tributaria, cualquier error previo da lugar a sanciones, con multas e intereses acumulados hasta alcanzar montos astronómicos.
Un temor que se cierne sobre ejecutivos y trabajadores de más de 320.000 empresas que operan en Bolivia. Además, tributar en los términos y bajo la presión existente significa sacrificar capital y recursos humanos.
En la iniciativa gubernamental anunciada, se contempla la reducción del tiempo de prescripción de las deudas de ocho a cuatro años, y un “perdonazo” tributario, que eliminaría la conversión, de los montos a pagar, de Bolivianos a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). También se incluye la eliminación de multas y la reducción de tasas de interés (el 2% si se paga al contado y el 4% si es que hay un plan de pagos).
Lo fundamental es que se recupere el espíritu de la recaudación tributaria en Bolivia. Si bien es una de las principales fuentes de ingreso del Estado (especialmente ahora con la caída de exportaciones de gas), no debe ser una herramienta de control político como lo fue en el gobierno del MAS. Gobiernos de países que tienen inversiones multimillonarias se abren incluso a la otorgación de periodos de gracia en el pago de impuestos a cambio de atraer recursos que generen empleo y ayuden a mover la economía.
A lo anterior se suma otro proyecto de ley que hace una redistribución de los dominios tributarios y que permitirá que los gobiernos subnacionales puedan cobrar impuestos. Eso se enmarca en la idea del pacto fiscal, mediante el cual se pretende compensar los ingresos de alcaldías y gobernaciones. Tal medida podrá ser favorable, siempre que no se dupliquen los tributos para el ciudadano.
En todo caso, lo que cuenta es que se pone en evidencia un cambio de visión de la economía. Lejos de ver a los privados como enemigos o solo con fines utilitarios y marcados por la política, se los pretende incentivar para que inviertan y creen empleos.
Sin duda, la reforma tributaria no cambiará la situación económica nacional, pero es un buen inicio que debe ser sumado con otras medidas de incentivo.
