El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez anunció el miércoles nuevas medidas motivadas por la pandemia del coronavirus. Informó sobre la creación del Bono Familia, un pago de Bs 500 por cada hijo que se educa en el nivel primario de las unidades educativas fiscales de todo el país.
Aunque el pago será por una vez, y ha sido bien recibido en varios sectores de la sociedad, otros lo han criticado por considerar que el actual gobierno está cayendo en el mismo “rentismo” que el anterior. Ese término, acuñado por el economista boliviano Roberto Laserna, es la tendencia que tienen los gobiernos a crear bonos sin justificativo económico.
El gobierno de Evo Morales instauró varios bonos y buena parte de su masa electoral se debe a ellos. Los pagó durante años y es poco probable que este gobierno, y el que emerja de las próximas elecciones, se anime a eliminarlos sin un alto costo político. El gran problema de ese “rentismo” es que la población, particularmente la de sectores vulnerables, se acostumbra a su pago y, en lugar de ver la manera de ganar dinero honradamente, prefiere esperar el pago o, más bien, el regalo de dinero por parte del Estado.
Las críticas al “rentismo” o ”bonismo” están basadas en la lógica del proverbio chino “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Lo que hizo el gobierno de Morales, entonces, fue regalar pescados y, en consecuencia, impedir que los bolivianos menesterosos aprendan a pescar.
Y es que asumir medidas preventivas, como impedir la aglomeración de personas, está bien, pero las más radicales, como la instrucción de que las personas no salgan de sus casas, o reducir los horarios laborales, tendrán un impacto directo en la economía. Desde ayer, la gente solo trabaja de 08:00 a 13:00; es decir, cinco horas; poco más de la mitad de una jornada laboral normal. Es lógico que eso impacte en la economía.
Si el aparato productivo trabaja a medias, las utilidades bajarán en esa misma proporción y la economía se contraerá. Ese es uno de los efectos de la denominada “cuarentena” que el gobierno parece no haber entendido en su cabalidad.
En este punto, las medidas del gobierno central no terminan de convencer. Se ordena que no se corte los servicios básicos mientras dure la “cuarentena” y se difiere su pago. Eso no es resolver el problema sino simplemente postergarlo. De todas maneras, habrá que pagar, cuando pase la emergencia, ¿dónde está la solución?
Se ha resuelto que el capital de los créditos bancarios no será pagado por dos meses y luego será reprogramado. Algo similar pasará con el Impuesto a las Utilidades. Otra vez, solo es un diferimiento.
En ese sentido, el proyecto de ley del diputado Víctor Borda pinta mejor porque plantea la condonación del pago de servicios básicos, aunque, cuando se trata de los créditos bancarios, también propone su reprogramación.
Lo que no parecen percibir Ejecutivo y Legislativo, porque aparentemente están lejos del sentir popular, es que las medidas preventivas contraerán la economía y, frente a ello, los paliativos, como todo lo anunciado, serán insuficientes.
Los créditos reprogramados no sirven porque lo que verdaderamente se necesitará será una condonación, por lo menos de abril, que será el afectado por las medidas que se están ejecutando en marzo. Y las autoridades parecen no saber que la mayoría del comercio boliviano es informal y, si tiene comercio, es alquilado. Urge, entonces, que se instruya la suspensión del cobro de alquileres durante el tiempo que dure la cuarentena.
