Partamos de un presupuesto: de acuerdo a Timothy Mitchell en “Sociedad, Economía y el efecto del Estado” (2015) el Estado, además de ser la materialización del poder, es un “poderoso conjunto de métodos para ordenar y representar la realidad social”. Esto supone, por otro lado, que mientras menos resistencia encuentre un Estado, más fácil será ordenar ese orden social al que se refiere. Pero esto adquiere otras connotaciones en un clima político como el boliviano. Primero, porque la historia del país demuestra que los partidos políticos, organizaciones políticas, son casi innecesarias en la relación entre Estado y Sociedad. Segundo, porque de ser importantes, la representación política está sometida a un sistema político que concentra decisiones en el Órgano Ejecutivo, o mejor, en la figura del presidente. Esto nos lleva a dos caminos: que, en tiempos de crisis, se debilitan las mediaciones (sindicatos, partidos políticos, instituciones, etc.) y que, en tiempos de crisis, a nombre de superarla, las decisiones tienden a concentrarse (aún más) en la figura del presidente. El panorama se dificulta si tomamos en cuenta que, de acuerdo al Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt, en 2019, el apoyo a militares es superior al de partidos políticos (37% de los encuestados dice estar de acuerdo con un golpe militar si se trata de frenar la corrupción), lo que es igual a decir que en la región, los partidos políticos no son vistos como canales de negociación o mediación efectiva entre Sociedad y Estado. Si nos mantenemos con el presupuesto de Mitchell, podemos bien decir que uno de los métodos del Estado hoy, como los últimos 14 años, para ordenar y representar la realidad social boliviana no es el consenso entre actores institucionalizados –aunque esto no quiere decir que no existe negociación, sino que la negociación y consenso está fuera de los partidos políticos– y esto tiene consecuencias: la participación controlada de la sociedad en el Estado (que es igual a decir, la cooptación de movimientos políticos por el Estado) ha caracterizado por “centralizar” al sistema político y marginar voces críticas. En otras palabras, el hecho que exista una participación controlada de la sociedad en el Estado es igual a que los movimientos extrapolíticos sean solo una prolongación del partido o proyecto que gobierna. Es decir, un Estado que encuentra menos resistencia para ordenar a una sociedad. ¿Cómo explicar el descrédito de los partidos políticos y cuál es el mejor escenario en una crisis de representación política? Aunque suene extraño y contradictorio, la solución está en la institucionalización de los mismos partidos políticos. Es probable que una de las causas que explican su descrédito actual es la poca atención a ciertos fenómenos recientes: Luis Fernando Camacho, tan débil como contradictorio, representaba en sus inicios -en octubre y noviembre de 2019- un tipo de liderazgo distinto que atraía al electorado, es decir, un liderazgo mucho más horizontal que camuflaba cierta “rabia” o, mejor, una opción “antiestablishment” que se combinaba con la importancia que daba una importante parte del electorado a vivir en un país democrático. En otras palabras, solo en los inicios y aunque las posturas de Camacho tienden más al autoritarismo que a lo democrático, en el ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz se podían ver mejor los factores para determinar una crisis de representación política: la importancia, o no, de un país por seguir viviendo en democracia, la vigencia de movimientos anti-democráticos, el cambio en el paradigma de liderazgo (que muta de lo vertical a lo horizontal), y bien, la apertura del electorado a formas de gobierno no democráticas porque, cómo olvidarlo, es el mismo liderazgo de Camacho –en esto de canalizar un descontento– que invitaba a un gobierno con actores nada políticos. No quiere decir que los partidos políticos bolivianos deben seguir el ejemplo de Luis Fernando Camacho, sino atender a las causas que, en plena caída del Movimiento Al Socialismo, aceleran su posicionamiento en la opinión pública. Por otro lado, la institucionalización de los partidos políticos pasa por evitar las figuras de alianzas o fusiones, contempladas en la actual Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, el respeto a la independencia ideológica de movimientos extrapolíticos, solo pasaría porque el sistema de partidos tenga, en vez de un sistema centralizado, uno en el que las posiciones partidarias estén totalmente diferenciadas. Porque si hay algo que también es cierto, es que la centralización de los partidos políticos no favorece al voto informado y menos a gobernar mediante consensos entre posiciones diferenciadas.