Ya nadie duda de que la crisis económica resultante de la pandemia mundial está afectando la vida económica de todo el mundo. La empresa privada, resultante de los emprendimientos que se hacen, está seriamente deteriorada.
Los empresarios, que son los inversores que aportan capital para unirlo a la fuerza de trabajo para producir bienes y servicios en busca de una adecuada rentabilidad, han sido y son injustamente considerados, felizmente no en todos los casos. La razón es que generalmente se confunde a este sector importante de la generación de empleo y de contribución al producto interno bruto de las regiones y de las naciones, con gente que disfraza sus ilegales recursos, obtenidos generalmente del narcotráfico o de otras fuentes ilícitas, y los hace aparecer como emprendimientos privados, lo que por supuesto pasa también en Bolivia. Esos no son empresarios, son delincuentes.
El principal socio de todo emprendimiento es el Estado, puesto que desde el primer día de iniciadas las actividades, percibe ingresos por concepto de impuestos, aún de inversiones que tardan meses y años en volverse rentables, lapsos en los que se une el sacrificio de la fuerza laboral con la fuerza del capital, sin el que ningún emprendimiento es posible.
La fuerza laboral y el capital son ambos imprescindibles y entre ellos hay una diferencia fundamental. El capital no siente, son edificios o máquinas, la fuerza laboral está integrada por seres humanos, con virtudes, con defectos, pasiones y sentimientos. Cuando se malogra una máquina, se cambia un repuesto o se cambia la máquina. Al ser humano hay que considerarlo como tal, precautelando su salud y su bienestar.
El Estado debe legislar para garantizar los derechos de los trabajadores que se asocian en organizaciones que cumplen una importante función en defensa de sus intereses, mientras los dirigentes no se impregnen de la maldita politiquería, que finalmente daña a su fuente de trabajo y a sus propios asociados, sobre todo cuando son adoctrinados, en lugar de ser adecuadamente capacitados.
Hace ya varios años qué, en una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas que visitó Sucre, los pocos y débiles empresarios chuquisaqueños pidieron que el gobierno vuelque su mirada a esta siempre marginada región. Ese ministro, con su característica soberbia, preguntó cuánto había invertido el sector privado local en salud, en educación y en otros servicios que, en cualquier parte del mundo, están a cargo de los gobiernos de turno y proporcionó datos de las inversiones públicas en estos rubros, dándose inclusive el lujo de citar cifras hasta con decimales, por supuesto falsas, porque no hay memoria humana que retenga esos datos con esa precisión.
Felizmente, no faltó un empresario que le dijo que el señor ministro estaba confundiendo los recursos públicos que son de todos los ciudadanos, coyunturalmente manejados por el gobierno de turno, con los recursos privados que los inversionistas sacan de su bolsillo arriesgando lo que tienen y lo que no tienen, porque la parte que lea falta la consiguen del sistema financiero, arriesgando sus bienes personales otorgados como garantía.
Inadecuadamente se comenta muchas veces sobre medidas dictadas a favor de las empresas cuando no es así. Por ejemplo, para aliviar la difícil situación actual, el Gobierno ha asignado recursos para que los bancos otorguen préstamos a los empresarios para el pago de salarios; buena medida, pero en beneficio de los trabajadores, no de las empresas.
Winston Churchill decía: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro”.
