Se agota el futuro de la Constitución

El mundo sigue consternado por el covid-19, mientras la Universidad de Oxford- Londres y la farmacéutica estadounidense moderna de Estados Unidos empiezan a hacer las primeras pruebas o ensayos de la vacuna, cuyo proceso permite estimar que la misma estará dispuesta para su aplicación a final del año o principio de 2021.

A pesar que las cifras del covid-19 registran más de 8,8 millones de casos infectados y 465 mil fallecidos en el mundo, las expectativas en los 188 países infectados crece cada día, sobre todo por el rebrote producido en Alemania y en Pekín.

Sorprende a la humanidad que en medio de esta tragedia mundial, el líder Vladimir Putin que según la Constitución Rusa de 1993 solo podía haber sido elegido presidente por dos periodos consecutivos 2000-2004, 2004-2008, luego es sucedido por Dimitriy Medvedev 2008-2012, retornando al poder en 2012-2018 y 2018-2022. Sin embargo, a propuesta de la cosmonauta Valentina Treshkova se promueve la enmienda de la Constitución ante el Consejo Federal Ruso y la Duma o Congreso Ruso (integrado el primero por 170 miembros y la Duma por 450 representantes), los que aprobaron la enmienda previa consulta favorable del Tribunal Supremo, fijando la votación popular para el 22 de abril de 2021 que de aprobarse, Vladimir Putin sería elegido indefinidamente. Así funcionan las democracias en países socialistas.

Queda claro que la ambición del poder político se convierte en el legítimo o ilegítimo derecho democrático intergeneracional, porque la última generación (Constitución 1993) se vincula con la generación futura, obviamente con fuertes desviaciones a la democracia.

Sobre el problema planteado (Itzcovich, Giulio, 2018:284 ss.), indica que ante rupturas la Constitución escrita sufre, al ser un tema de legitimidad moral y derecho, porque algunas personas –las generaciones futuras–, se encuentran obligadas por un conjunto de normas: Constitución, leyes y precedentes, en cuya promulgación e interpretación no participaron y al no reflejar los cambios abruptos necesariamente sus convicciones e intereses, no se sabe de lo bueno o lo malo que puede significar para el Estado de derecho los cambios continuos.

Es indiscutible que los ciudadanos o sus representantes tienen el poder de tomar decisiones con las normas –pero y qué de las opiniones públicas– o, por lo menos, el derecho de controlar las decisiones deliberadas e interferentes contra la Constitución, a fin de que las leyes y reformas tengan una índole democrática y no una estética populista impostora.

Por ello, no es relevante que se tengan que dictar leyes en que la deliberación final del proceso deba tomarse mediante una mayoría absoluta o de dos tercios oleados; sino que, podemos sostener diferentes concepciones democráticas; pero jamás la regla de la mayoría perniciosa sin razonabilidad y fin social –no puede ser una propiedad esencial-; por el contrario, esa felonía audaz de legisladores y órganos jurisdiccionales en interpretación sesgada u omitida culposamente o dolosa (ALP, TCP, TSJ, TSE, TAA, FG), agotan o destruyen el futuro de la Constitución. Para muestra la permisión de un partido político que ha cometido fraude comprobado, se le permite competir en elecciones y se formula una querella ambigua sin determinar a los presuntos autores; sin embargo, las actas de inscripción del MAS-IPSP son la prueba concluyente y los informes oficiales de auditoría de la OEA y ONU. Asimismo, como un caso no menor, cito la SCP 0084/2017 que se mantiene en el cofre del olvido en el TCP.

Reforzando la tesis anterior, corresponde precisar que el objetivo de la democracia y la cultura de la Constitución, desde ninguna concepción filosófica y axiológica –no es poder ilimitado de la mayoría cuantitativa del MAS-IPSP–, que desde la ALP, la Fiscalía General y otros órganos parecen estar embarcados en un plan subversivo para el retorno del narcoterrorista, que huyó del país por fraude democrático, por haber dejado una deuda del orden de los 17 mil millones de dólares, con el desfalco de más de 500 millones del Banco Central y la herencia de inmoralidad más oprobiosa para las nuevas generaciones.

El punto central es aprovecharse de la crisis de la pandemia del Covid-19, las cuarentenas, encapsulamientos, flexibilizaciones regionales y retornos a las medidas rígidas, ocasionando situaciones de falta de alimento, dolor y sufrimiento de la población, cuyo informe epidemiológico da cuenta que hay en Bolivia 24.388 casos infectados, 773 fallecidos y 876 nuevos contagios (21-06-2020). En esta situación de fragilidad humana y sanitaria y cuando en el Cenetrop de Santa Cruz requiere con urgencia un Termociclador y centrífuga refrigerada para aumentar el número de muestras a procesar, el MAS y sus afines genera terrorismo derribando antenas de televisión y acciones violentas contra la Policía e intento de afectar la planta de agua de Misicuni, hechos que al socavar el imperio de la ley y mantener la impunidad es agotar la Constitución.

Por tanto, para resumir los elementos que agotan el futuro de la Constitución desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se tiene: a) La Ley sancionada y promulgada (21-06-2020) que establece el 6 de septiembre como la fecha de las elecciones generales en plena pandemia y cuando se tiene una proyección de 130 mil infectados, decisión presidencial nada afortunada por no prioriza la salud ni la vida, que según la Constitución de la OMS que declaró al Covid-19 como pandemia, merecen –protección integral- y, ninguna actitud de presión, puede justificar que los responsables nos llevan al mar de contagios y hasta la incineración; b) La Ley de transferencia de solo 200 millones del IDH a los gobiernos subnacionales y Universidades (Vulnera el derecho a la autonomía arts. 92, 271, 277,280, 283, 285 y 289 CPE); c) La Resolución que rechaza el crédito otorgado por el BID destinados a la emergencia del Covid-19 (vulnera los derechos a la vida y salud arts. 15.I y 18.I CPE); d) La Ley del Estado de Excepción usurpa funciones del Órgano Ejecutivo, FFAA y Policía Nacional (viola los arts. 122, 172.26, 137, 138, 139 y 140, 243, 244, 245, 246, 251 y 252 CPE); e) La Ley para el Control y Fiscalización del Endeudamiento Público, donaciones y valores por su índole transitoria hasta que concluya el Covid-19 y por el carácter retroactivo que se infiere de los informes trimestrales acerca de justificar las condiciones financieras favorables (vulnera los arts. 123, 316 y 318 CPE); f) El TSE al presentar el proyecto de Ley proponiendo elecciones generales para el 6 de septiembre, sin reformar el sistema democrático que asegure la igualdad del voto por circunscripciones y subrogar sus competencias a favor de la ALP (viola el art. 208 CPE); g) El TCP al no anular la SCP 0084/2017 que muta el artículo 168 de la CPE se convierte en constituyente, al mantener que la re-re-re elección es un derecho humano; h) Los parques nacionales, reservas naturales son bienes comunes y están garantizados (arts. 189.1 y 348 CPE). Las concesiones en áreas protegidas corresponden ser anuladas; i) El Ministerio Público ejerce la acción penal pública cuando se trata de corruptos del ala derecha y se ofusca o se vuelve ciego con la exponencial corrupción de los 14 años del régimen de gobierno de Evo Morales y tampoco se inmuta con la ilegal selección en el cargo de Fiscal General del Estado (art. 225 CPE); j) El TSJ y CM tampoco se salvan de cuestionamientos denunciados por ciudadanos y medios de comunicación, sin que a la fecha se hayan esclarecido hechos de corrupción.

La acumulada desactivación de inconstitucionalidad de leyes y la vulneración de la Constitución por el propio garante y los poderes que no ralentizan su dinámica competencial; como opinan Lozada Antón y Pérez Royo, Javier, 2018: 285: “es una Constitución que de manera encubierta acumula árboles que no permitan ver el bosque”. Por tanto, si mira atrás y se derrumba sus valores por irresponsabilidad de los poderes –se agota el futuro de la Constitución–; en cuyo caso nuestra obligación será la de construir una nueva que nos devuelva la República totalmente descentralizada.


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