Militares y política boliviana

Hace unos meses, Hugo Moldiz publicó el libro “Golpe de Estado en Bolivia”. Aunque el libro busca ser un ejercicio “autocrítico” que intenta explicar los errores que conducen a la caída del gobierno del Movimiento Al Socialismo, mantiene –extrañamente– que uno de los errores de su gobierno fue no incidir en los militares y policías. Esto resulta, de nuevo, extraño: no se entiende si Moldiz sugiere que también debe cooptarse a militares y policías con el fin de mantener el poder, es decir, Moldiz llama, por poco, “traidores” a ambas instituciones por no devolver ciertos favores (como el hecho que existan militares en misiones diplomáticas, por ej.) y olvida que la caída del Movimiento Al Socialismo tenía más en común con el desgaste de un partido político que no respeta reglas e interviene instituciones, que con teorías de conspiración (Moldiz menciona pero nunca explica la intervención de Estados Unidos en octubre y noviembre de 2020). En otras palabras, el argumento de Hugo Moldiz puede ser tachado de autoritario, pero además erróneo: no respetaría la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, y confundiría la preferencia política, partidaria o ideológica de un militar como individuo, con la neutralidad política de una institución.

Tomo el ejemplo de Hugo Moldiz por una razón: la relación entre Estado y militares en Bolivia solo tiende a ser difusa, y tiende a incrementar el poder de los militares frente a una sociedad que estaría incapaz de controlar a las Fuerzas Armadas, que es algo que Moldiz no ve en su análisis y poco discutido entre la intelectualidad boliviana. Si bien el presupuesto en relación al Presupuesto General de la Nación, de las Fuerzas Armadas bolivianas es uno de los más bajos de la región (2%) y no está destinado a armamento, es notorio el incremento a su presupuesto en las últimas décadas. En un artículo publicado el año 2018 llamado “Patria o Muerte. Venceremos. El orden castrense de Evo Morales”, el periodista Fernando Molina alertaba que el presupuesto a favor de las Fuerzas Armadas habría incrementado en 123% en las últimas dos décadas y que la relación entre Estado y el orden castrense era similar a una cooptación, aunque con “continuidades y discontinuidades ideológicas”. Molina no consideraba algunos factores (coincidía, de manera escueta, que había necesidad de una “institucionalización” de las Fuerzas Armadas): por un lado, la carencia de control civil a las funciones militares, por otro lado, y tiene que ver con 2020, que una tergiversación de las Fuerzas Armadas y que amenaza a su profesionalización y causa malestar, es que cumplan funciones distintas a las descritas en la Constitución Política del Estado (Art. 243, 244 y 245), y por último, que de ser así que las Fuerzas Armadas caracterizan por su pragmatismo político, eso confirma que las Fuerzas Armadas son algo así como un “enclave autoritario”, es decir, un lugar en el Estado desde el que se negocian ciertos beneficios a cambio de otros, un cálculo político que convertiría a las Fuerzas Armadas, no en una institución subordinada al Estado, sino en un actor político más, lo que, por cierto, resta neutralidad política a las Fuerzas Armadas bolivianas (algo que sí es visto por Molina, cabe decir).

Ahora, si este es el escenario en el que se desempeñan las Fuerzas Armadas algunos hechos deberían conducirnos a una llamada de atención: a) en noviembre de 2019, se destinaron 34.7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, por otro lado, se destinaron Bs. 506 millones para seguridad, mientras se hacían “rediseños” ministeriales, en junio de 2020 b)un Estado en crisis, no importa en qué dimensión, requiere de un mayor control de flujos en su territorio c) hasta ahora se desconoce de la institucionalización de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a su democratización interna; y d) la polarización política, estrategia de Juntos, junto al desgaste por la crisis política, económica y salud, resta salidas pacíficas al país. Esto nos conduce a algunas conclusiones: las Fuerzas Armadas han visto un incremento en el presupuesto para armamento (a diferencia de años anteriores, que el presupuesto anual estaba destinado a vivienda y condiciones laborales dentro de las Fuerzas Armadas); segundo, la presencia del Estado boliviano no puede darse de otra forma que a través de lo punitivo, en este caso, de las Fuerzas Armadas (a diferencia de, por ejemplo, los big datas o amplias bases de datos como en otros países); tercero, mientras no se actualice el Código Penal Militar, que data de 1976 por iniciativa de Hugo Banzer Suárez, los Altos Mandos Militares seguirán gozando de beneficios y seguirán negociando intereses con cualquier gobierno, siendo incluso que los Tribunales de Justicia Militar están conformados únicamente por Altos Mandos Militares; cuarto, en tanto el Ministerio de Defensa no cuente con civiles especializados en el ámbito militar, el enclave autoritario solo tiende a encontrar una prolongación en el Estado, sin los controles necesarios a la fuerza militar.

Esto nos dice entonces, que además del incremento de poder del Estado en los próximos años, de la mano de las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas otro de los lugares del Estado donde la democracia –igualdad y libertad para todos los componentes– no se cumple. Pero más preocupante, dada la crisis política, económica y en salud que vive el país, junto a la falta de compromisos entre actores políticos y sociedad, y la constante desconfianza en la política boliviana, es altamente probable que una de las salidas al clima de conflictividad, en ascenso, tenga a las Fuerzas Armadas como protagonistas, con todas las características antes descritas. Un hecho que, independientemente de preferencias partidarias o ideológicas, debería mantener en alerta a partidos y sociedad.


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