El pasado miércoles, la Compañía Eléctrica Sucre (CESSA) le dio al conjunto de las instituciones de Sucre y de Chuquisaca una lección de uso eficiente y transparente de sus recursos de responsabilidad social empresarial que habían sido destinados, en su última asamblea de accionistas, a reforzar el sistema de salud, en el marco de la pandemia.

Por gestiones de la Red Ciudadana “Todos contra el COVID”, que está a la cabeza de la Pastoral Social Caritas (PASCAR) y de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva filial Chuquisaca, el directorio de CESSA aprobó la compra de más de 2.000 kits de medicamentos además de unos 1.000 equipos de bioseguridad y otros accesorios necesarios para iniciar el sistema de detección y atención temprana del COVID-19, por un valor de aproximadamente 1,2 millones de bolivianos.

¿Por qué decimos que esa acción fue una lección de uso eficiente y transparente?

De haberse guiado CESSA por las primeras ofertas que le llegaron para tal efecto, basadas seguramente en los consabidos intermediarios, posiblemente los 5.4 millones bolivianos de estos recursos de responsabilidad social empresarial ni siquiera hubiesen alcanzado para esos cuatro bienes solicitados por el Municipio de Sucre.

Pero la gerencia de la compañía eléctrica, con el aval de su directorio, procedió a realizar la importación directa, en un tiempo récord, tanto del horno crematorio y de esas ambulancias, y lo hizo a precios que no llegan ni siquiera a la mitad de los precios estimados inicialmente.

De esa manera, posibilitó además la dotación de ese importante lote de medicamentos e insumos a la Red “Todos contra el Covid”, gestada desde un comienzo por Correo del Sur y otras instituciones de la ciudad. Es así que, ayer mismo, coincidiendo con el inicio encapsulamiento de Sucre, las brigadas médicas comenzaron su trabajo en todos los distritos la ciudad.

CESSA comprendió que, en este momento, la prioridad más inmediata es atender a la gente contagiada y enferma que, aun viviendo momentos dramáticos, no tiene acceso a centros hospitalarios ni atención médica por el colapso general del sistema de salud pública.

Y comprendió, siguiendo la lógica de la Red “Todos contra el Covid”, que el COVID-19 puede ser controlado y revertido si es tratado en su fase más temprana, evitando así que muchas personas tengan que llegar a fases severas e incluso críticas de la enfermedad cuando ya no existe espacio en los pocos centros médicos disponibles.

Ha sido, pues, una acción ejemplar que merece el reconocimiento general. Los recursos de CESSA, más los recaudados en la campaña solidaria de la Red Ciudadana totalizan aproximadamente 1,5 millones de bolivianos, todos destinados al mismo propósito. Son dineros de la gente para la gente, empleados con la mayor transparencia, bajo el directo control y supervisión de la Pastoral Social.

Las instituciones del nivel nacional, departamental y local tuvieron cuatro meses para no llegar al peor momento de la pandemia en casi total estado de indefensión. Hubo, en ese tiempo, desde falta de planificación hasta corrupción, pasando por demostraciones de politización e ineficiencia inadmisibles cuando lo que está en juego es la vida y la salud de las personas.

Todo eso, sin olvidar el componente de que Bolivia tiene un sistema de salud pública prácticamente primitivo; y que, en los años de mayor abundancia económica de nuestra historia, administrados por el anterior gobierno, se hizo muy poco, o casi nada, para al menos intentar cambiar esa realidad.

Este, sin embargo, no es momento para mirar atrás. Es tiempo de actuar desde la propia ciudadanía, de manera organizada, para ayudar a que nuestros médicos e instituciones actúen con mayor rapidez y en mejores condiciones en las tareas de contención y atención de la pandemia, y para asistir a todas aquellas familias y personas que más lo necesitan.