El país atraviesa por una crisis política y social que ha ido en ascenso y que trae los dolorosos recuerdos de octubre y noviembre del año pasado, e incluso de octubre de 2003. Tan grave será esta crisis que, por unas horas, ha llegado a tapar otra, muy importante y también luctuosa, que nos toca vivir en estos días: la de la pandemia por el coronavirus.
El fantasma de la inestabilidad política y el caos social ha vuelto a aparecer en las calles del país, con todas las implicancias que esto suele representar para los bolivianos: de nuevo la acérrima polarización que, en distintos pasajes de la historia y con diferentes bandos, ha cobrado forma de una siempre latente guerra civil.
La estrategia de los bloqueos que asfixian a las ciudades no es nueva. Ya la comunidad internacional está prevenida de este tipo de medidas de presión, que solo destacan por mostrar el lado mezquino de sus impulsores –por lo general políticos o dirigentes de organizaciones que desde la comodidad de sus escritorios mandan a los más humildes a una lucha en la que tienen todas las de perder–, más aún en tiempos angustiantes como los que corren, de una enfermedad imprevisible que ya ha matado a más de 730 mil personas de todo el planeta.
El Ministerio Público ha reaccionado varios días tarde para hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, mientras los bolivianos asistíamos azorados a una reedición de los sempiternos bloqueos que, esta vez, afectaban la provisión de insumos médicos como el oxígeno indispensable para mantener con vida a decenas de pacientes, algunos de ellos bebés, en distintos hospitales del país.
El gobierno de Jeanine Áñez no ha estado a la altura de las circunstancias para afrontar con mayor decisión y tino el conflicto de los bloqueos instruidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que, aun a costa de la racionalidad, vuelve a demostrar cuán lejos está dispuesto a llegar con tal de hacer prevalecer sus demandas.
El pretexto en esta oportunidad es el de la fecha de las elecciones generales, que el TSE fijó –después de tres postergaciones– para el 18 de octubre. Pero prontamente aparecieron otras exigencias, como la de la renuncia de la presidenta Áñez, lo que hace dudar del pedido inicial de adelantamiento de los comicios para el 6 de septiembre.
Ni siquiera la necesidad imperiosa de considerar el factor salud, en plena pandemia, pudo hasta ahora desarmar el empecinamiento de recorrer la fecha de las elecciones en 42 días. El costo está a la vista: no solo el oxígeno medicinal llega como cuentagotas a destino para socorrer a pacientes que no pueden seguir adelante sin él, sino que para estos días se ha advertido ya de una inminente escasez, por lo menos, de carne de pollo y de res.
Está claro que los bloqueos continuarán hasta que quienes los fomentan entren en razón. Y también es indiscutible que el diálogo no se producirá sin una mayor firmeza intención del Gobierno nacional para convocarlo, ojalá, con la mediación de la Iglesia católica y de las delegaciones internacionales presentes en el país.
De manera urgente los actores políticos, principalmente el gobierno de Áñez y el MAS de Morales, están llamados a sentarse a una mesa de diálogo seria, sin imposturas ni cálculos interesados en este año de elecciones, para ponerse de acuerdo, para dar certidumbre y tranquilidad al país, y, sobre todo, para evitar un nuevo estallido social que podría ser catastrófico para todos, sin excepciones.
Estas son horas cruciales. Pronto sabremos si el país está en condiciones de establecer las bases de una solución pacífica a esta crisis o si las partes encontradas son más proclives a sentarlas para dar paso a un conflicto social de proporciones impredecibles.
