La crisis sanitaria por la cual atraviesa el planeta, obliga a los bolivianos a impulsar el uso de la Inteligencia Artificial con fines legislativos, de administración de justicia y de ejercicio de la profesión de abogado. En los últimos meses hemos vivdo los efectos nocivos de la legislación motorizada, producción legislativa acelerada en la que los legisladores, sin utilizar nuevas tecnologías para asegurar el asertividad de las normas que producen, se limitan a agilizar los plazos de ideación, negociación y aprobación de las normas. Debemos aceptar que la producción legislativa, por su naturaleza es más lenta que el surgimiento de las necesidades sociales, pues debe vencer muchos filtros para garantizar cierto grado de consenso. Pero si a ello le agregamos unos métodos arcaicos elaboración de decisiones judiciales por quienes aplican las normas y, finalmente, le sumamos métodos manuales de elaboración y presentación de memoriales por los profesionales abogados, creamos la fórmula perfecta para el fracaso. Un fracaso de impacto negativo exponencial, en un país con elevados índices de pobreza, que debiera estar avanzando en pro del aprovechamiento de las tecnologías disruptivas. En este tiempo, no lanzarse de lleno a la modernización tecnológica cuando millones de empleos se verán afectados en el futuro inmediato, es una amenaza para Bolivia.
La IA se encuentra en una fase de la evolución en la que es absurdo pensar que unos algoritmos para, por ej., guiar la producción de una norma, una decisión judicial o un memorial, esté realmente en condiciones de sustituir completamente el trabajo intelectivo de un humano. Por el momento, solo existen programas que guían o agilizan ciertas partes del trabajo de los juristas, gracias a lo cual ellos disponen de más tiempo para resolver aspectos más relevantes de su trabajo. Este artículo no abordará las diferencias entre la IA débil y la IA fuerte, ni el debate sobre si es, a estos softwares pioneros en el uso de IA para los fines antes mencionados, aplican las limitaciones que describe el experimento de la “habitación china” (El lector puede googlear esa información). Su objeto es, destacar las ventajas de las tecnologías disruptivas propias de esta 4ta revolución industrial y cuan simple es su implementación para potenciar ese acceso a la justicia tan postergado que acentúa la desigualdad, exclusión social, pobreza, etc.
Las particularidades de los hechos y actos jurídicos, que son producto de la evolución permanente que caracteriza a la vida en sociedad, obligan a tener en claro que, por ej. en el ámbito de la producción de decisiones judiciales, si bien los precedentes pueden servir para que un algoritmo detecte analogías e infiera soluciones, sin embargo, la singularidad casuística es enorme. Debido a que la realidad social no es plana, no es estática, sino que está transversalizada por diversidad de problemáticas en mutación aún más acelerada por los cambios tecnológicos, urge más que nunca modernizar estas herramientas.
Afortunadamente, en Bolivia la Jurisprudencia (Decisiones de Tribunales que sirven para guiar futuras decisiones, en casos análogos) es considerada fuente directa del derecho. Reconocida como el vehículo para la interpretación reglada de normas, ella permite decodificar con más asertividad el sentido de las normas en un entorno cambiante y, dichas interpretaciones pueden ser identificadas fácilmente por un algoritmo para proponer posibles soluciones a futuro.
¿Qué se necesita para poder crear, un software que guíe asertivamente y agilice por ej. la elaboración de decisiones judiciales?
Técnicamente, muy poco: 1. Realizar un diagnóstico de los procesos de producción de decisiones judiciales. 2. Realizar una reingeniería de esos procesos, por ej. facilitando el acceso digital a los memoriales de las partes a fin de evitar la transcripción manual de los antecedentes del caso, pruebas, etc. Acceso digital a las decisiones judiciales previas en el caso de análisis, etc. 3. Realizar un diagnóstico de la estructura formal de las decisiones judiciales (sus partes). 4. Realizar un diagnóstico de la terminología jurídica utilizada. 5. Estandarizar el diseño estructural y terminológico de los diferentes tipos de decisiones judiciales. 6. Realizar una reingeniería del proceso de administración de datos (decisiones judiciales), es decir, de su forma de almacenaje, vinculatoriedad entre archivos del mismo o diferente formato, optimización de las formas y tiempos de publicación, accesibilidad ordenada para administradores de justicia y público en general.
Esto permitiría ahorrar recursos económicos al Estado, erradicar los posibles casos de corrupción, mejorar las habilidades de Jueces y Tribunales, incrementar la credibilidad del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y por ende acercar a los bolivianos hacia la materialización de la justicia.
Si usted se pregunta: ¿Quién se opone a la implementación de la AI en este ámbito? La respuesta podría ser: Quienes erróneamente creen que de esa manera protegen su puesto de trabajo. Estos no se permiten a sí mismos, ni al país, avanzar hacia un futuro que no espera.
La autora es analista jurisprudencial.
