Gane quien gane el domingo, está más que claro que no podrá ejecutar su programa de gobierno de inmediato porque la coyuntura impone, desde ya, una agenda que no admite más esperas.
El punto número 1 es la crisis económica y, a partir de esta realidad, el nuevo gobierno tendrá que ejecutar diversas tareas, desde asumir medidas para evitar una mayor debacle hasta solucionar los problemas emergentes de la cuarentena.
La cuarentena dinámica consiguió evitar una mayor cantidad de contagios que los que son reportados, ni siquiera con precisión, por el Ministerio de Salud y los servicios departamentales del ramo. No obstante, el precio pagado fue demasiado claro: la paralización del aparato productivo que conllevó otros males como el cierre de varias empresas y el consiguiente incremento del desempleo.
¿Cómo se recuperará la economía en un contexto en el que todo parece estar en contra del empresario o inversor? Aún antes de que la cuarentena ponga todo patas arriba, ya se había identificado al “infierno tributario” boliviano como uno de los causantes de los grandes males del país. Si en ese momento, sin la pandemia oprimiéndonos desde diferentes frentes, ya se había planteado una urgente reforma tributaria, ahora resulta ineludible. El nuevo gobierno, por tanto, tendrá que acometer la tarea de hacer más amigables las recaudaciones, disminuyendo las multas a lo estrictamente necesario, y plantear una reducción impositiva, por lo menos temporal.
Otra bolsa a la que, afortunadamente, no se ha echado mano es la de los fondos de pensiones. La propuesta de devolver a los trabajadores parte del dinero que se les descontó a lo largo de la vida laboral no solo es una medida justiciera sino estratégica. Si se aplica, esta será una medida justiciera que pondrá en circulación una importante cantidad de efectivo que dinamizará la economía. Son medidas que no pueden postergarse ni mucho menos supeditarse a cuestiones ideológicas o partidarias. Además, es preciso recordar que la cuarentena ha creado una situación de emergencia económica en cada uno de los hogares bolivianos y, aunque estos temas conciernen más a los niveles de gobierno subnacional, no se les puede dejar de lado ni postergarlos hasta que haya elecciones para estos.
Ahí están, como ejemplos masivos, las deudas que se han creado por concepto de consumo de servicios básicos como agua y energía eléctrica. En la mayoría de las ciudades el pago se ha postergado, pero hace al menos un par de meses que se ha comenzado a cobrar y son miles los hogares que no saben cómo afrontar este problema.
La solución a tal conflicto no es subnacional. Es preciso encontrar un mecanismo legal que permita que esas deudas o desaparezcan —lo cual es improbable porque eso significaría causarles daños económico a las empresas de servicio— o bien sean reducidas o, por lo menos, programadas para pagarse a un largo plazo. Y eso pasa por una ley nacional.
Otro problema igual de grave, pero menos masivo, es el de los alquileres, al que el actual gobierno prácticamente se ha rehusado atender. La obligatoriedad de bajar los alquileres a la mitad durante tres meses está en una ley impulsada por la oposición masista y que, por razones sospechosas, el Ejecutivo no ha publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia. Esto forma parte de una serie de leyes que vienen peleando entre los órganos con sede en La Paz y que solo se explican por el enfrentamiento político que mantienen el gobierno de JeanineÁñez y el MAS, prácticamente, desde el principio de la actual gestión transitoria.
Pero ese es otro tema.
Como se ve, las tareas de los futuros gobernantes son varias y variadas. Habrá que ver si están a la altura del desafío de atenderlas.
