Algunos de los integrantes del Órgano Judicial —particularmente aquellos jueces que tienen casos “calientes” en sus manos— han demostrado que no imparten justicia sino que sus decisiones se pintan del color del partido de turno. Así, durante la dilatada presidencia de Evo Morales fueron funcionales a la persecución desatada contra opositores del momento y, tras su renuncia, sus resoluciones estuvieron dirigidas hacia gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero, tras las elecciones del 18 de octubre, recuperaron la memoria, volvieron a su conducta anterior.
A partir de ahí, no se puede esperar justicia sino acciones que, en primer lugar, buscarán congraciarse con el Gobierno, sin importar quién lo encabece. Ese es el contexto previo a los inminentes juicios por los sucesos de Senkata y Sacaba que, como se sabe, causaron la muerte de un indeterminado número de personas en noviembre de 2019. Sobre la cantidad no existe consenso, puesto que el masismo da una cifra que es superior a la que fue reportada por las autoridades del momento.
¿Por qué son disímiles los números? Lamentablemente porque no siempre se busca la verdad de los hechos sino el beneficio partidario. Y lo ocurrido ayer en el Órgano Legislativo fue una de varias pruebas de esa afirmación.
La mayoría oficialista en el Parlamento decidió declarar héroes a los caídos en Senkata y Sacaba. Esa decisión no es meramente declarativa, puesto que tendrá efectos jurídicos. Cuando se aprueba una resolución de esta naturaleza generalmente se decide, también, fijar pagos compensatorios a las familias de los fallecidos.
Toda vida humana es valiosa y, por ese lado, la decisión es inobjetable. El problema se presenta cuando se usa el argumento de la justicia políticamente, para ejecutar decisiones partidarias.
Para el partido de Evo Morales, la represión estatal se concentró en esos dos puntos del territorio nacional, uno en El Alto y otro en Cochabamba que, como se sabe, son plazas fuertes del MAS. Si se limitan los hechos a esos dos lugares, parecería que no ocurrió nada más y eso es una gran falsedad.
Los sucesos de octubre/noviembre de 2019 enfrentaron a diversos sectores de la sociedad, concentrados en ciudades capitales e intermedias, en contra del MAS, al que se acusaba de un fraude electoral para posibilitar el triunfo de Morales sin necesidad de una segunda vuelta. Por ello, no solo hubo choques en Senkata y Sacaba sino en más lugares del país. En las últimas horas, el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio declaró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará para investigar todo lo ocurrido en aquellos famosos 21 días, no solamente esos dos hechos puntuales.
Tras la renuncia de Morales, el MAS solo perdió el control del Órgano Ejecutivo. Eso determinó que en los lugares que controlaba —como Oruro y Potosí— se produjeran enfrentamientos en los que también se usaron armas de fuego. Caravanas de cívicos, mineros, universitarios y hasta catedráticos partieron en buses rumbo a La Paz desde Sucre y Potosí y fueron emboscados en sitios como Vila Vila, Playa Verde y Machacamarca. A su paso encontraron que se movió tierra para obstruir caminos utilizando maquinaria pesada de las gobernaciones. Afortunadamente no hubo muertos, pero sí heridos y todos de bala. ¿No merecen ellos las mismas consideraciones que los afectados en Sacaba y Senkata?
Ojalá se imponga la justicia para todos los casos y no la venganza.
