Acaba de presentarse el valioso informe “Estado de la justicia en Bolivia 2019” (disponible en https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2020/09/Libro-Estado-de-la-Justicia-en-Bolivia-2019.pdf), preparado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y DDHH que, continuando con su saludable tarea iniciada años atrás, monitorea científicamente el estado del arte del sistema de administración de justicia boliviano.
Siéndome imposible abordar aquí todo su contenido, intento resaltar su valiosa información que, sensiblemente, ratifica el indiscutible estado deplorable del sistema, pese a las continuas modificaciones, principalmente normativas, realizadas desde hace varios años en distintas materias. Una prueba de que la norma, por sí sola, no necesariamente asegura siquiera mejoras en el sistema.
En lo que concierne al acceso a la información pública del propio sistema de justicia, se observa que aunque su fin esencial es garantizar derechos, no difunde información suficiente, relevante, desagregada, actualizada y específica sobre su funcionamiento, socavando la posibilidad de asumir decisiones en términos de políticas públicas. La información que debería estar al alcance de todo ciudadano no está disponible y, cuando es solicitada, no se responde y/o se la niega alegando un inexistente carácter confidencial. Un completo fracaso en términos de transparencia y lucha contra la corrupción, pues impide al ciudadano, y hasta al propio decisor, disponer de aquella valiosa información.
Sobre la independencia judicial, en sus dimensiones personal e institucional resalta que sus estándares continúan incumplidos (sistemáticamente desde hace varios años atrás), lo que sale (entre muuuchos otros), por ejemplo porque el sistema en conjunto recibe una asignación presupuestaría mínima del PGE (0,49% el 2019 y 0,52% el 2020); siendo alarmante constatar una vez más la intromisión del Ejecutivo u otros poderes fácticos en la toma de decisiones, probada a través de las amenazas –públicas– a los operadores.
Individualmente, no existen carreras de los operadores, pues en la práctica son inexistentes por no estar garantizadas, dada la preponderancia de jueces y fiscales transitorios y la inexistencia –siquiera en el papel– de los defensores públicos, incumpliendo los múltiples compromisos asumidos de institucionalidad. Sus regímenes disciplinarios no garantizan el debido proceso y, añado de mi parte, se usan como una suerte de instancia ajustadora de cuentas para quienes no se alinean, salvando excepciones. La eterna transitoriedad facilita ese perverso escenario.
Sobre la situación de la violencia en razón de género, destaca que aún no se ha consolidado la implementación de los juzgados especializados en la materia, menos la aplicación de suficientes medidas para la justicia y reparación de las víctimas.
En materia de justicia penal para adolescentes, destaca avances importantes por el abandono de la doctrina de la situación irregular hacia la de la protección integral; acaece lo contrario tratándose de los derechos de los pueblos indígenas, pues el Estado sigue incumpliendo sus obligaciones impuestas por la CPE y los IIII. La Ley del deslinde fue otra estrategia envolvente más.
Seguramente la peor de todas sigue lamentablemente siendo la justicia penal. Se mantiene e incluso agrava la mora procesal (peor mediando la cuarentena); el hacinamiento carcelario, impunidad y acceso efectivo a la justicia. Pese a algunas “novedades” normativas, no se ha logrado cambiar la durísima realidad: 269% de hacinamiento carcelario (la capacidad de las cárceles alcanza a 6.769 internos y tienen 18.208), incluyendo 64,33% presos sin condena, es decir, inocentes, según la CPE y los IIII. Este último rubro bajó de su peor récord del 2012 (85,22%).
¿Cómo salimos de tan deplorable panorama? (Conste que solo pude mostrarles poquito). Insisto en que lo primordial es, para empezar, voluntad política. ¿Realmente no solo el Ejecutivo actual, sino la clase política boliviana, están dispuestas a construir una administración de justicia independiente, eficiente y garantizadora de derechos de todos? Amanecerá y veremos, por lo pronto existe un saludable discurso del flamante Ministro de Justicia que espero pueda sobrevivir a los genes del partido de gobierno (que probadamente fueron en sentido contrario desde antiguo). Se trata de sentar las bases, nada más ni nada menos, para que el ciudadano tenga asegurado el adecuado respeto de sus bienes más importantes, como son la vida, salud, propiedad, trabajo y otros. El recordado Jorge Lazarte había ya sentenciado: “La crisis de la justicia es de tal profundidad que no solo ha superado lo conocido hasta ahora, sino que ha producido una suerte de consenso nacional respecto a la necesidad de encontrarle una solución, que no sea ilusoria”. Ojalá…
