Mientras que en los EEUU, el saliente presidente Donald Trump se ha desbocado en los últimos estertores de su gestión con una avalancha de indultos, entre ellos en favor de sus amigos partidarios acusados y/o condenados por corrupción; de guardias autores de una masacre contra 14 civiles en Irak (2007) e incluso, favoreciendo al padre de su yerno y asesor; en Brasil Bolsonaro le metió nomás otro en favor de policías y militares acusados de violaciones de DDHH y, no podía faltar, aquí en Bolivia se anunció –Viceministro de Justicia y DDFF, dixit– un nuevo indulto siguiendo el desesperado modelo ya acostumbrado por el régimen de Evo Morales y luego por el gobierno transitorio de JeanineÁñez y, vaya sorpresa, otrito en favor de sus conmilitones “perseguidos por el gobierno de facto”.
Convengamos que en todos esos casos, la legislación respectiva, generalmente la mismísima Constitución, otorga competencia al ejecutivo para otorgar esas amnistías o indultos, generalmente con motivo de las fiestas navideñas, terminación de mandato u otras situaciones. No cabría entonces cuestionar la competencia, más allá que afea la doctrina de pesos y contra pesos y división de poderes, pues por la decisión de una persona por muy Presidente que sea, sencillamente las funciones del Judicial, resultan completamente anuladas (frecuentemente, luego de muuuchos años de procesos).
Sin embargo, por ello empecé con aquellos flamantes ejemplos, el uso de esos poderes presidenciales o ejecutivos se ha convertido frecuentemente, además de un acto de ejercicio desproporcionado de poder en términos democráticos, en simples actos de corrupción, muy bien disimulados por aquellas formas legales que, no se resisten a la más simple pero no menos certera definición de aquella deplorable práctica: usar recursos públicos o poderes (incluso “legales”) para fines particulares, personales o partidarios; es decir, en buen romance, utilizar esos poderes gubernamentales no para el bien común, la realización de la justicia o el respeto de sus productos, sino para favorecer sencilla y llanamente, a tus cumpas.
Según se sabe por estos lares, a partir de ese anuncio oficial para aprovechando la navidad, el ejecutivo pretendía casar, a estas alturas del desmadre del sistema penal, el ya tradicional indulto + amnistía (van cinco si la memoria no me falla), con un combo que permita similar tratamiento en favor de sus aliados partidarios, con lo que hubieran terminado favorecidos ya pueden imaginarse quienes hicieron de las suyas en los últimos tiempos. Incluso, al parecer ya se había firmado la anterior semana –tipo miércoles– ambos decretos en combo navideño y, ya se tenía convocada a la Asamblea para que usando de su mayoría, levanten la mano imprimiendo el mero trámite de aprobación de lo resuelto por el presidente y/o ejecutivo.
Algo sucedió que abortó el procedimiento, seguramente a la vista del escándalo que se desataría pues el Ejecutivo terminaría de darle el tiro de gracia a lo que varios de sus juristas del horror empezaron lavando los procedimientos permitiendo que varios de sus prominentes conmilitones queden libres como pajaritos o, tal vez, afortunadamente algún iluminado les explicó que ese tipo de cuestionables actos de poder gubernamental, además de caer bajo aquella definición de corrupción, vulnera las obligaciones internacionales del estado boliviano que debe cumplir con el genuino derecho humano a dar con la verdad, juicio previo, igualdad de partes y defensa; aunque habrá que estar alerta para impedir tales dislates; pues: “Una vez que un partido permite que el poder del indulto se convierta en una herramienta de una empresa criminal, su peligro para la democracia supera su utilidad como instrumento de justicia” (Chris Murphy).
