El refrán “no hay mal que dure cien años” tiene una excepción: la mediterraneidad boliviana que comenzó un día como hoy, hace 142 años.
El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron Antofagasta en uno de los atropellos más graves en la historia del Derecho Internacional. Aunque el gran pretexto para esa acción fue un impuesto de 10 centavos a cada 100 kilos de nitrato exportado por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta —impuesto que nunca llegó a pagarse—, la verdad es que la ocupación del territorio boliviano era un objetivo que Chile tenía desde antes, prácticamente desde los tiempos del surgimiento de las nuevas naciones sudamericanas.
La invasión chilena fue planificada con anticipación y el impuesto se convirtió en un burdo pretexto para ejecutarla. Chile ocupó militarmente el territorio boliviano, sin declaración de guerra previa, y mientras lo hizo cometió una serie de tropelías, incluyendo el incendio de todo un pueblo que, por eso mismo, se llama San Pedro de Quemes.
Pueblos incendiados y saqueados, cientos de muertos, desplazados y mujeres violadas. Ese es apenas un punteo de lo cruel que fue la invasión iniciada en una fecha como hoy. No conformes con haber ocupado un territorio que no era suyo, las tropas chilenas avanzaron hacia el norte tomando otras poblaciones y llegaron hasta la mismísima Lima, a la que incendiaron.  
Y, una vez que Chile logró ganar el conflicto —gracias al apoyo externo, de Inglaterra, y al interno de los políticos bolivianos prochilenos— le impuso a Bolivia vergonzosas condiciones para el armisticio. Ese fue el origen de los tratados, incluido el de 1904, que ahora Chile defiende a rajatabla.
Esa acción criminal solo puede compararse con el allanamiento de una vivienda por parte de delincuentes que ingresan por la fuerza, golpean al dueño de casa, violan a las mujeres y se llevan sus bienes pero, antes de hacerlo, encañonan al dueño con una pistola obligándole a firmar un documento en el que él afirma que cede sus posesiones a sus atacantes.
Este 14 de febrero es recordado en Bolivia de forma muy diferente a lo ocurrido en 2018 y 2019. En 2018, para esta fecha, el gobierno de Evo Morales dispuso la elaboración de banderas marítimas en todo el territorio nacional. Incluso se desplegó una sobre un camino con el fin de que su longitud fuera incluida en el libro Guinness de récords mundiales.
El ambiente era prácticamente festivo porque se aproximaba el fallo de La Haya y el país entero estaba seguro de que sería favorable a Bolivia, por la justicia que contenía su demanda.
Sin embargo, la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) demostró que los tribunales son lo mismo en todas partes del mundo y no restituyen derechos arbitrariamente arrebatados, como es el caso del Litoral boliviano. El fallo favoreció a Chile y hundió a Bolivia en la mayor incertidumbre sobre su acceso al mar desde tiempos de la guerra que nos la arrebató.
Por eso hace dos años, en 2019, prácticamente no hubo conmemoración. El silencio fue la demostración de que, en efecto, habíamos sido derrotados.
¿Por qué falló la CIJ en contra de Bolivia? Entre las muchas teorías que se manejan está la política. Si la Corte Internacional de Justicia le daba la razón a Bolivia, Morales hubiera podido ganar las elecciones nacionales de 2019 sin necesidad de fraude, algo que no deseaba una comunidad internacional sabedora de cuánto había avanzado el narcotráfico bajo su gobierno.
La CIJ no tomó en cuenta los antecedentes históricos del caso y ese fue el mayor de sus errores. Su fallo no hizo justicia, sino todo lo contrario.