Los peores días de la campaña

Queda menos de una semana para la campaña proselitista destinada a las elecciones subnacionales, una que, en general, no fue cuantiosa en inversión económica —algunas estructuras partidarias, claramente, tuvieron un mayor despliegue que otras—, pero sí intensa por los intereses que están en juego.
En el tablero nacional es innegable el peso que tienen los departamentos del eje central, tanto por su población como por su influencia económica. Santa Cruz es la región que aglutina los mayores capitales, en La Paz está la sede del Gobierno —que se llevaron de Sucre— y en Cochabamba se encuentra el bastión cocalero del Chapare. Esos apuntes son algunas de las razones por las que la atención se vuelve mayoritariamente a esas regiones del país.
El control de Cochabamba y del Chapare —donde se produce la mayor cantidad de coca excedentaria que se destina al narcotráfico— parece estar resuelto. El Movimiento Al Socialismo (MAS) no ha bajado sus niveles de apoyo, su candidato a la Gobernación encabeza las encuestas y es prácticamente un hecho que ganará las próximas elecciones. Donde la cosa se ha puesto difícil es en el capitalino municipio de Cercado, en el que Manfred Reyes Villa apunta a una victoria inobjetable. Precisamente por eso se justificaría la tesis de que el MAS habría puesto en marcha su maquinaria judicial, integrada por jueces venales e inescrupulosos, con el fin de inhabilitar a ese candidato —que, a su vez, por su pasado político, tiene cierta resistencia a nivel de opinión pública en el ámbito nacional.
La Gobernación de La Paz tampoco parece representar un problema ya que la muerte de Felipe Quispe posibilitó que el candidato masista pase al primer lugar. El voto póstumo no está ayudando al hijo del Mallku, pero la Alcaldía de la muy importante sede del Gobierno también le es esquiva al partido oficialista. Con un candidato que al parecer no llena las expectativas de los paceños, se ha desatado una guerra sucia para intentar bajarle puntos al líder en las encuestas: Iván Arias.
Santa Cruz es un caso perdido. Aunque la elección municipal tiene final reservado, la Gobernación tiende a inclinarse a favor de Luis Fernando Camacho, por lo que —de nuevo— ahora se busca amedrentarlo con juicios por su accionar en la crisis política y social de 2019.
¿Sorprende que en estas elecciones se apele a la guerra sucia? No debería, al menos la clase política está acostumbrada. Todo indica que en redes sociales, en medios de comunicación y en tribunales, los votantes tendrán que aguantar un fuerte vendaval hasta el 3 de marzo, que es cuando comenzará a imperar el silencio electoral. Eso, desde el punto de vista de la ciudadanía política, en democracia, convierte a estos días en los peores de la campaña.
En las regiones que están fuera del eje, y donde las encuestas se dejan esperar, como si estuvieran en otro país, la guerra sucia se advierte particularmente en Facebook. Es allí donde se han creado una infinidad de cuentas falsas cuyos usuarios se ocupan de insultar a los candidatos que aparecen arriba en las encuestas e, incluso, a calumniarlos con la creencia de que eso desanimará a quienes tienen la intención de votar por ellos.
La reacción frente a los resultados de las encuestas es convenenciera. Si se le pregunta a un candidato que está arriba, este manifestará su beneplácito, pero si se trata de alguien que sale mal parado, entonces se ataca a la encuesta y a la encuestadora, a la que se acusa de haber recibido pagos por parte de las organizaciones que salen beneficiadas. Eso también forma parte de la guerra sucia.
Más allá de la credibilidad venida a menos de las encuestas reflejan, sobre la base de ellas, varias candidaturas han comenzado a bajarse. En Sucre y Potosí, el argumento de los que renuncian es que quieren evitar la dispersión del voto, pero hay otros que, incluso figurando abajo, siguen en campaña. Parece que los objetivos son las concejalías, por el dinero que generan, y jugar a eso, y no al desarrollo del municipio, es —también— una guerra sucia, esta vez permanente.
 


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