Con todo y sus diferencias ideológicas, la mayoría de las fuerzas políticas que integran e integrarán los gobiernos subnacionales se encuentran, al presente, abocadas al proceso de transición de las gestiones que terminan a las que comenzarán el cada vez más próximo 3 de mayo.
Atrás han quedado las elecciones que, en el caso de cuatro departamentos, llegaron al balotaje y, además de reconfigurar los gobiernos regionales, proporcionaron insumos para el análisis de la coyuntura política. Ahora toca recibir gobernaciones y alcaldías y proyectarlas al futuro inmediato.
Por la fecha en la que iniciarán sus gestiones los nuevos gobiernos, su principal problema será el económico, y no precisamente por carencias y recortes de los que estaremos escuchando hablar pronto. El principal obstáculo será que todas las gobernaciones y alcaldías están funcionando actualmente con un Plan Operativo Anual (POA) y un presupuesto que fue aprobado, como corresponde, en los últimos meses del año pasado. Eso significa que los nuevos gobiernos tendrán que asumir un programa de gestión diseñado por los que se van, y con el que muy rara vez estarán de acuerdo, salvo en el caso de las reelecciones.
El primer esfuerzo de las nuevas administraciones será, entonces, la modificación de los POAs y sus correspondientes presupuestos. Por más esmero que se ponga en esa tarea —y siempre y cuando los concejos municipales no se conviertan en obstáculos—, eso ocurrirá aproximadamente en agosto. Mientras, se hará común la versión de las autoridades de que no se avanza porque todavía son ejecutados los planes del anterior gobierno.
De lo que todavía no se habla mucho es del gran desafío que tienen las autoridades que asumirán funciones el 3 de mayo: el bicentenario.
El 6 de agosto de 2025, Bolivia conmemorará los 200 años de su fundación y consiguiente independencia de cualquier otro país del mundo. Se trata de una efeméride extraordinaria que, por eso mismo, debe ser celebrada por todo lo alto.
Al margen de lo que vaya a hacer el gobierno central, dos son las regiones con mayor interés en esta celebración, Potosí y Chuquisaca. Sus capitales, Sucre y la Villa Imperial de Potosí, son patrimonio de la humanidad por, entre otras cosas, ser las ciudades más históricas de Bolivia.
La plata de las minas de Potosí fue el principal motivo para constituir una audiencia en el territorio que hoy es Bolivia que fue bautizada con el nombre de Charcas para agradecer el tributo que representó la entrega del yacimiento de Porco que Coysara, cacique y mallku de la nación Charkas, ofrendó al rey de España en señal de vasallaje. Cuando Porco y el Cerro Rico de Potosí comenzaron a producir ingentes cantidades de plata, el rey Felipe II decidió que la audiencia, que inicialmente tenía funciones de tribunal de alzada, sea constituida en La Plata por su proximidad a la Villa Imperial.
La Plata y Potosí constituían, entonces, el eje económico y consiguientemente político de la Audiencia. Esta fue la base para la fundación de Bolivia que, al surgir como tal, decidió que La Plata, renombrada como Sucre, sea la capital de la nueva República.
Esa es, en una apretada síntesis, la razón por la que el bicentenario les interesa más a Sucre y Potosí que al resto de los municipios de Bolivia. ¿Tienen conciencia de eso las nuevas autoridades? Un sondeo preliminar entre algunas de estas, incluidos los alcaldes electos de ambos municipios, permite establecer que sí. En la capital del Estado, Enrique Leaño está constituyendo un equipo de trabajo expresamente para encaminar al municipio al bicentenario. En Potosí, Jhonny Llally está consciente del reto que significa el bicentenario, y tiene proyectos en ese sentido, pero aún no ha constituido un equipo para tal fin.
