Las diferentes reacciones sobre las pasadas elecciones de gobernador me han llevado a alguna reflexión sobre el riesgo de ingobernabilidad por una posible lucha de poder entre el gobernador elegido y la asamblea opositora en Chuquisaca, con 14 escaños del MAS, cinco de CST, partido del gobernador, y dos de los guaranís.
Dos tercios de los asambleístas no son del partido responsable de la ejecución del Gobierno departamental. Sin conocer exactamente las competencias entre Ejecutivo y Legislativo, está claro el peligro de trabarse mutuamente a costa del desarrollo del departamento. El año pasado, a nivel nacional, ya hemos visto que ese desequilibrio pueda tener consecuencias nefastas. A la pregunta de ¿cuál es más representativo de la voluntad de los votantes: el gobierno de CST o la asamblea de MAS?, creo que nadie diría que es la asamblea. Más bien, las elecciones prolongadas y con un mejor control sobre los votos han expresado que Chuquisaca quiere otro gobierno.
Echar la culpa del desequilibrio a la división de partidos, no me parece correcto. En democracia, es lógico que frente a un partido de tino estatista, centralista y autoritario aparezcan corrientes políticas variadas de derecha, izquierda, liberal, conservador, populista, ambientalista, estatista, etc. con proposiciones que van desde un mercado abierto hasta cerrado, facilitación de la iniciativa privada a la constitución de más emprendimientos estatales, apoyar iniciativas de la sociedad civil, hasta concentrar todo el servicio a la población en entidades públicas, de autarquía departamental hasta integración nacional y regional, de una sociedad tradicional hasta posmoderna, y mucho más.
Quizás se pueda hacer notar que los partidos han promovido más a su caudillo que a sus propuestas, pero esto no niega la importancia de una variada oferta electoral para elegir con criterio la dirección de un gobierno para los próximos años.
En mi opinión, el problema está en el sistema electoral mismo, que no resulta en que representación sea igual a gobernabilidad. La Asamblea Departamental tiene una sobrerrepresentación de territorios con menor población, por lo que lugares como Sucre no tienen un justo peso en esa entidad.
A nivel nacional existe el sistema bicameral, donde diputados representa a la población y el Senado a los territorios; es una garantía para evitar la ingobernabilidad, en situaciones normales. No quiero proponer una segunda cámara en el departamento, porque ya hay suficientes entidades parlamentarias, sino que los asambleístas sean elegidos con igual peso para cada voto, sea urbano o rural, que solamente valga la representación poblacional, evitando así la poca representatividad de este ente legislativo.
La territorialidad podría reflejarse en una especie de consejo de alcaldes, con participación de sus consejos, o algo por el estilo, con sus competencias para influir en la política departamental. Seguramente mejoraría también la coordinación entre los niveles departamental y municipal.
Por ahora, para evitar la ingobernabilidad, no hay otra que una negociación entre partidos, en sentido positivo; negociar para compatibilizar intereses y proposiciones de convivencia y desarrollo en beneficio de todos. A final, ello, y no la lucha de poder, es la esencia de la política.
