El domingo 18 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Se trata de una fecha que fue establecida con el propósito de “promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación”.
Debido a que Sucre y Potosí son las únicas dos ciudades patrimoniales de Bolivia, puesto que fueron inscritas como tales en la lista del patrimonio mundial, en la categoría de sitios, esta conmemoración debería ser tomada en cuenta por las autoridades regionales, ahora abocadas al proceso de transición.
Es de esperar que en el transcurso de este lunes tengamos algún tipo de manifestación de esas autoridades, ya que la fecha cayó en domingo, pero, entretanto, hay que destacar que, por lo menos en el caso de Potosí, un colegio privado tomó la iniciativa de organizar su recorrido por algunos de sus principales monumentos con estudiantes de Primaria haciendo el papel de guías turísticos.
Pero como no se trata solo de esperar que las autoridades reaccionen ante fechas como esta, conviene aprovechar la fecha para revisar qué es lo que estamos haciendo en ambas ciudades respecto a la protección de nuestros monumentos, de nuestro patrimonio.
Resulta curioso cómo, en el caso de ciudades como Sucre y Potosí, la palabra “patrimonio” puede ser utilizada de maneras tan contrapuestas entre sí.
Para países que viven del turismo, el figurar en la lista del patrimonio mundial sería una ventaja bien utilizada, fundamentalmente para atraer una mayor cantidad de visitantes. Lamentablemente no es el caso de Bolivia, por lo menos no en el de Sucre y Potosí.
Pese a que fueron los primeros sitios en inscribirse en la lista privilegiada de la Unesco, ambas ciudades todavía no han logrado emitir legislación especial para el cuidado de su patrimonio. Es por eso que siempre que se intenta intervenir en inmuebles en riesgo, o frenar modificaciones en sus estructuras, los propietarios se defienden con el Código Civil que, al ser especial y supletorio, es un instrumento válido en los tribunales.
Tenemos, entonces, por un lado, un patrimonio que consiste en el conjunto de bienes acumulado como consecuencia del paso del tiempo y que se traducen fundamentalmente en edificios históricos que, por eso mismo, deben preservarse, pero; por otro lado, muchos de esos inmuebles —fundamentalmente las construcciones civiles— pertenecen a personas para las que son otro tipo de patrimonio, el “conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título”.
Las personas particulares defienden su patrimonio con el Código Civil. ¿Qué tienen las ciudades patrimoniales para defender el suyo? Prácticamente nada. Por eso es que vemos cómo hay edificios históricos que desaparecen paulatinamente o bien son transformados por sus propietarios, a veces de manera subrepticia, trabajando primero por dentro para luego recién terminar obras en el exterior, aún a riesgo de ser sancionados por las alcaldías.
Un caso digno para el análisis, en Sucre, es el de la casa en la que, según reza la plaqueta puesta en su fachada, nació el escritor Carlos Medinaceli, sobre el que hubo una controversia reciente. Quien vaya a verla a la calle Junín, donde está ubicada, verá cómo ha sido transformada en una galería comercial destinada a la economía informal. Nadie hizo nada por cuidarla y la plaqueta fue un simple saludo a la bandera.
Entretanto, en Potosí, es emblemático lo que está pasando con la casa de Armando Alba cuyo techo de la planta alta se derrumbó debido a que llevaba años sin ningún tipo de mantenimiento.
