Después de los contagios diarios de covid-19, el principal problema que la enfermedad le está causando al país es el deterioro de un sistema educativo que, antes de la pandemia, ya había dado señales demasiado evidentes de estar retrasado en comparación al de los países vecinos.
Y la razón para ello es que, debido al miedo a que los estudiantes se conviertan en vehículos de contagio, o lleguen a contagiarse ellos, la mejor solución que se les ocurrió a las autoridades fue prohibir que las clases sean presenciales.
El asunto comenzó con la pandemia. En Bolivia, otro era el gobierno, y otro el ministro de Educación, pero la única salida viable fue confinar a los estudiantes a sus casas y obligarles a que pasen clases mediante conferencias por internet. Fue cuando, por una parte, las charlas virtuales se popularizaron pero, por otra, quedaron en evidencia los problemas que tenemos los bolivianos para transitar por la autopista de la información.
Lo primero, que, por lo mismo, debió ser asumido por el gobierno de la señora Áñez, era resolver el precio de la conexión. Todos los estudios al respecto, que se nutren de información provista por las propias operadoras de telecomunicaciones, muestran que Bolivia tiene el servicio de internet más caro de la región. Las tarifas están por encima de las que se cobran en países europeos o Estados Unidos cuyo producto interno bruto per cápita –es decir, por persona– es alto y, en ocasiones, mucho más alto que en nuestro país. Para ponerlo claro: europeos y estadounidenses ganan mucho más que los bolivianos, pero pagan menos que estos por internet por la sencilla razón de que sus operadoras tienen tarifas razonables.
¿Cómo justifican sus tarifas las operadoras? Ni siquiera el costo operativo es excusa porque, en lo técnico, sabemos que el cable que se encarga de llevar la señal capturada en células, instaladas en antenas y repetidoras, pasa por la mayoría de los países porque es submarino y transatlántico. En cuanto hace a la inversión en sueldos y salarios, el personal de esas empresas es mucho menor que el que es empleado en otros países, particularmente de los ya mentados europeos y de Estados Unidos.
Lo curioso es que ningún gobierno ha metido las narices en el manejo tarifario de las operadoras. El único que lo hizo fue el de Evo Morales, cuando promulgó un decreto que prohibió que los minutos se redondeen. Antes de eso, si una persona hablaba, por ejemplo, dos minutos y tres segundos, la operadora le cobraba por tres minutos redondos. Poco se habla de esto pero la verdad es que esa simple medida benefició a millones de bolivianos que, ahora, pagan por los minutos y los segundos que hablan.
Algo similar se pudo haber hecho con las tarifas de internet y el momento propicio era en pleno confinamiento, cuando todos sentíamos en carne propia los efectos de la pandemia. Eso debió ocurrir en el gobierno de Áñez que, empero, prefirió no tocar a las operadoras debido a que estas son empresas privadas y la administración anterior dio suficientes indicios de preferir a estas por encima del interés público. Si el actual gobierno no va por ese camino, una solución al problema de las familias para las famosas clases virtuales sería bajar el costo de la conexión, por una parte, y fijar una especial, excepcional, para las conexiones destinadas a la educación.
Es cierto que la falta de equipos es otro problema. Hay familias que apenas tienen un equipo de telefonía móvil, o celular, y ese es el que se utiliza para tres o más estudiantes. Y, por supuesto, los gastos que demanda el tener una conexión en la casa, mediante WiFi o con la compra de tarjetas para tener los megas suficientes.
El nuevo gobernador de Potosí ha anunciado que entregará computadoras a cada estudiante. Habrá que esperar a ver si esa puede ser otra solución. De ser así, los demás gobernadores tendrían que imitarlo.
