En el primer quinquenio de los años 80 la inflación fue el desajuste macroeconómico más grave de la agenda de la política pública. Posteriormente al plan de estabilización, el Decreto Supremo 21060, la estabilidad se convirtió en un patrimonio nacional. A pesar de los cambios en el modelo económico y las diferentes gestiones del Banco Central de Bolivia, mantener una inflación es una política de Estado. Entre 1986 y 2021 se completan 35 años de estabilidad de precios.
En el mundo y Bolivia, a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia y la cuarentena, los gobiernos han reaccionado incrementando significativamente la inversión y el gasto público. La gestión de la demanda agregada se convirtió en el principal instrumento de reactivación económica. En el país se entregaron cuatro bonos, se aceleró la inversión pública, se reprogramaron créditos y se aumentó el gasto público.
Esta vuelta significativa del Estado en la gestión económica ha resucitado el debate sobre si estas acciones terminarán en un incremento de la inflación, que, dígase de paso, estuvo en niveles bajos en el último quinquenio (2016-2020), un promedio anual de 2%. En el 2020, los precios subieron tan solo en 0,67%.
Ciertas corrientes del pensamiento económico, como el neoliberalismo, sostienen que, por definición, la inflación es siempre un fenómeno monetario. En nuestro caso, las inyecciones de dinero terminarán en un incremento generalizado y persistente de los precios. La inflación estará de vuelta comiéndose los salarios de los trabajadores y complicando la vida de las empresas.
Por otro lado, el pensamiento neokeynesiano es más optimista sobre la trayectoria de la inflación, sostiene que esa podría subir un poco en un primer momento, pero volvería a una trayectoria de largo plazo más baja y estable. El argumento es que el aparato productivo tiene una enorme capacidad ociosa, está en recesión (personas y máquinas paradas), por lo tanto, todo el dinero introducido generará un mayor incremento en la producción que en los precios. Entre tanto, en un país donde el sector externo es muy abierto y el tipo de cambio real está apreciado, el aumento de la liquidez se traduce en mayores importaciones, legales e ilegales, que, además, reducen reservas internacionales (RI). Una menor cantidad de estas coloca presión sobre la estabilidad del tipo de cambio.
Por lo tanto, los riesgos de un aumento de la inflación en Bolivia no están tanto asociados a la inyección de dinero y sí al descontrol que se podría producir en el tipo de cambio, algún shock de ofertas y/o un aumento de las expectativas inflacionarias. Mantener el precio del dólar invariable se constituye en un desafío central de la política económica de corto plazo.
En este contexto, la gestión de las RI es clave. Al 21 de marzo de 2021, estas estaban en torno a los 4.650 millones de dólares. Esto equivale a seis meses de importaciones y alcanzan para el pago de seis años de los servicios de la deuda externa (800 millones/año). Estarían en un rango de seguridad aceptable.
Pero también debemos fijarnos en el flujo de divisas, mirar cuál será la evaluación del nivel de RI en el tiempo. Por ejemplo, en 2021, hay que evaluar la situación de la balanza comercial (exportaciones vs importaciones), y el ingreso de préstamos, inversiones extranjeras y remesas internacionales. En el caso boliviano, se espera que las exportaciones se recuperen, los precios del petróleo/gas, minerales y soya están mejorando. Estas son buenas noticias. Pero ciertamente preocupa que el gobierno adopte medidas que perjudiquen el ingreso de divisas, como es el caso de prohibición de la exportación de carne y la anulación de los decretos supremos sobre transgénicos. Estas acciones constituyen disparos en el pie.
Asimismo, el Presupuesto General establece que el Estado se endeudará en 5.750 millones de dólares; esto ayudaría a financiar la recuperación económica y bajaría la presión sobre las RI. Aquí no se ven avances y la devolución del préstamo al FMI es un autogol de media cancha.
Por el lado del uso de divisas, si bien las importaciones se han reducido, lo han hecho menos que la caída en las exportaciones. Esto drena dólares de las RI. También se han perdido reservas porque los depositantes retiraron recursos del sistema financiero, debido a la crisis política de noviembre de 2019 y finales del 2020.
Otra fuente que chupa RI es el déficit público, que los últimos dos años se ha doblado; se prevé que para el 2021 este alcance el 9,5% del PIB. Se han estado usando divisas tanto para el gasto corriente como para algunas inversiones. Por lo tanto, mantener RI y, por lo tanto, un tipo de cambio estable, son claves para controlar la inflación.
Pero también podría dispararse el nivel de precios por un shock de oferta, como por ejemplo un incremento de los conflictos distributivos. Aumentos de salarios por encima de la inflación pueden generar acciones defensivas de las empresas, que frente a la subida de costos también incrementan sus precios. Así se produce una espiral de subida de salarios, aumento de precios y nuevamente aumento de salarios. Asimismo, podría ocasionar una mayor inflación si, frente a la hambruna fiscal, el Gobierno tiene la mala idea de subir el precio de la gasolina.
Otro elemento central que puede afectar la inflación es la evolución de las expectativas de los agentes económicos sobre el futuro del tipo de cambio, los precios y la economía en general. Aquí entramos a la dimensión psicológica de la economía. En esta construcción psicosocial es clave lo que hace el Gobierno, Lamentablemente en este rubro no hay buenas noticias. La pandemia avanza, la vacunación no arranca, no existe un plan integral de reactivación económica, y las medidas adoptadas son sueltas y contradictorias, como las prohibiciones de exportaciones.
