PAREMIOLOCOGI@

Otro latigazo al sistema judicial boliviano: ¿y ahora...?

Esta vez (para variar), el latigazo vino desde el Parlamento Europeo cuando oficialmente expresó su preocupación: “por la falta de independencia e imparcialidad” de la justicia “insta(ndo) a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”.
Más allá que coyunturalmente lo resuelto por la Euro Cámara enoje a unos y alegre a otros, aquellos pontifiquen sobre el colonialismo y la soberanía (¿se acuerdan del pirata Matarollo y de su informito?) y éstos sobre la comunidad internacional, la aldea global, etc.; seríamos opas con sentencia ejecutoriada para soslayar la extrema urgencia de reformar nuestro sistema de administración de justicia, lo que no interesa sólo los operadores del sistema sino a la ciudadanía y, permite –sin exagerar– lograr niveles de paz y desarrollo, siquiera mínimos.
Resulta imposible ignorar, más allá de los traumas de varios sobre intervencionismo, colonialismo, soberanía, etc que les afloran solo cuando les conviene, que tenemos un gravísimo problema en nuestra justicia. En la oportunidad, ha sido puesto evidencia por el burdo trato otorgado a la expresidenta Áñez, pero, aplica a muchos otros casos, menos famosos, pero igual o peor de injustos. Eso, sin caer en el vicio de la generalización, puesto que soy de los pocos abogados que sistemáticamente honra las excepciones, puesto que también me consta que sobreviven muchos operadores que alumbran justicia, pese a todo…
No obstante, dentro de ese panorama dantesco en que ha caído el sistema, pues como sentenció Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo, es una amenaza hecha a toda la sociedad”, sostengo que, entre varias, seguramente la peor por inocultable es su falta de independencia respecto de poderes fácticos. El principio universal sobre el que se asienta el instituto proclama que los jueces son independientes y solo están sometidos a la Constitución, los Instrumentos Internacionales, la ley y, claro, su conciencia. A partir de esa base es que se desarrolla la garantía de independencia que se efectiviza mediante diversos mecanismos: genuinas y confiables carreras de ingreso, permanencia, evaluación y salida y otras; que aquí, son lo que sabemos que son.
Dado ese estado del arte de nuestro sistema, se han gastado teclados y micrófonos censurando esa inocultable falta de independencia, insisto, fundamentalmente cuando se juzga casos del interés de poderes fácticos. Se dice lo obvio pero, advierto no siempre se suele aterrizar en el mecanismo –diría técnico– por el que se vacía de contenido esa garantía. Aprendiendo de mi amigo, colega doctor en Derecho por la Universidad Complutense, Jorge Asbún: “Constitucionalismo popular y Neo constitucionalismo latinoamericano –estudio crítico” (Plural /ABEC, 2020) y Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, bebo de su fabulosa explicación doctrinal del mecanismo. Nos enseña que a partir de entender la independencia judicial como el derecho de los ciudadanos a ser juzgados exclusivamente de acuerdo con los parámetros establecidos en el Derecho, lo que distingue la función judicial de los otros órganos de gobierno, radica en que al juzgar a los jueces les está vedado (…) utilizar criterios de oportunidad o conveniencia. Un tribunal no puede juzgar con “sabiduría política”, ya que esos criterios de conveniencia y oportunidad están asignados al ejecutivo o legislativo y no al judicial. No significa, para mi gusto, que al juzgar no se plasme también lo político –relación Estado vs. ciudadano– pero, esta sagrada función no puede teñirse y peor prostituirse por esas conveniencias y oportunidades, sean partidarias (el partido me hizo nombrar y debo pagarle la factura o, el jefe me hará despedir); económicas (coimas); complejos, prejuicios o hasta venganzas (esa parte me cae mal, su abogado, etc); intereses (mi fallo no caerá bien a los medios), además de cobardía o comodidad (si me equivocó, el superior corregirá) y otros, aún peores, que cuando conviene y aprovecho, le meto nomás.
De entre otros males, probablemente el antes descrito, es el que peor daño ha hecho y está haciendo no al sistema, a los abogados, sino al ciudadano y –como el PE acaba de probarlo– al propio estado; aunque ni los anteriores ni el actual gobierno –más allá de sus demagógicos discursos que ya nadie cree– han puesto genuina voluntad política para reformar de a de veras, ese nuestro sistema de administración de justicia. “Ver una injusticia y no hacer nada, es no tener valor” (Confusio).


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