La base de la política económica del gobierno del MAS ha sido, desde el 2006, el extractivismo. La idea principal es que los sectores de hidrocarburos y minería deberían jugar el rol de proveer recursos al resto de la economía y, sobre todo, para los programas de subsidios (bonos) de alivio de la pobreza. Esa es la base de todos los desaciertos de las gestiones de gobierno masistas, en política económica (en general), energética, y ambiental. De la política económica porque cierra el paso a la diversificación productiva y, en general, al desarrollo integral del país y al cambio de patrón primario exportador. De la política energética porque ignora el rol fundamental del sector energético: la provisión segura, eficiente y ambientalmente sostenible de energéticos para el desarrollo de las actividades productivas y la satisfacción de las necesidades energéticas de las familias. Y de la política ambiental porque termina caracterizada como un sector secundario, desvinculado del resto de la economía, y concebida como un obstáculo a la actividad productiva y la generación de excedentes.
La norma ambiental más importante promulgada por el MAS es la Ley 300 (2012): “Ley Marco de la Madre Tierra y del Desarrollo Integral para Vivir Bien”. Esta Ley que tiene objetivos muy ambiciosos, como convertirse en el nuevo paradigma del desarrollo económico y de planificación en el país, enumera principios y valores, define obligaciones del Estado para el logro de esos objetivos y define mecanismos institucionales. Sin embargo, no ha llegado a aplicarse en ningún aspecto, excepto la desaparición del Programa Nacional de Cambio Climático y la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, su sucesora. La única norma promulgada bajo el paraguas de esta Ley 300 es la Ley de Gestión Integral de Residuos (Sólidos). Es decir, no hay avances normativos importantes respecto de la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333, 1992) que marcó un hito en la regulación ambiental en el país y que es, hasta hoy, su norma base.
También son graves los problemas institucionales de la gestión ambiental. Se ha debilitado al Ministerio cabeza de sector y en los últimos cinco meses se ha liquidado la capacidad técnica y la experiencia acumulada en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Directores y guardaparques han renunciado, han sido despedidos y son amenazados por cazadores, traficantes de tierra, mineros y otros.
Algunos resultados concretos de este debilitamiento institucional y normativo son: 1) amenazas significativas a la existencia de las áreas protegidas y territorios indígenas (minería, hidrocarburos, cocaleros, proyectos de represas para generación eléctrica, caminos, etc). Pueblos indígenas que se opusieron a algunos de estos proyectos fueron reprimidos violentamente (Chaparina y Takovo Mora, por ejemplo). 2) Deforestación alentada por el tráfico de tierras, la actividad agropecuaria y otros. Bolivia está hoy entre los países con mayor tasa anual de deforestación a nivel mundial. 3) Aprobación de uso de semillas transgénicas con impactos negativos sobre la salud y el ecosistema. 4) Falta de control del cumplimiento de normas de gestión ambiental por parte de empresas públicas y privadas en los distintos sectores; 5) Contaminación de ríos, especialmente en el norte amazónico, por la minería del oro, 6) Contaminación de cuerpos de agua por la descarga de aguas servidas, dadas las carencias de infraestructura para su tratamiento.
En la realidad, el discurso del “vivir bien en armonía con la madre tierra” choca con una destrucción ambiental generalizada, resultado de retrocesos normativos e institucionales y la presión de grupos con intereses particulares.
Esta situación solo puede ser revertida con una decisión política que busque salir del modelo extractivista, y construir una economía diversificada que apueste por la gestión ambiental y el cuidado de la naturaleza como uno de los pilares fundamentales del bienestar social. Este es el desafío que la sociedad boliviana enfrenta, y con el que debemos comprometernos todos.
