Las repercusiones de la convulsión social que se vivió en los meses de octubre y noviembre de 2019 casi dos años después y nada indica que vayan a cesar pronto. Son demasiados los rencores y muy débiles las voluntades por concretar acercamientos que cierre, de una vez por todas, ese capítulo de la historia reciente del país.
Aquello que se denominó “La revolución de las pititas” provocó un cimbronazo en las estructuras institucionales de la política nacional y, ahora, apelando a una vieja mala costumbre —como lo hemos dicho en este mismo espacio ya varias veces—, se utiliza a la justicia en busca de correctivos para los opositores de entonces. Pasó antes al revés, ahora el turno es de los oficialistas.
Extrañamente, las figuras más visibles del Movimiento Al Socialismo se sumieron en un prolongado silencio después de los acontecimientos de fines de 2019 (es cierto que varias ellas, por una persecución desatada por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo). Pero lo cierto es que no dijeron nada de lo que hoy dicen, acusando a diestra y siniestra o, si no, negando haber hecho lo que otros aseguran que hicieron en los días de pacificación de la crisis.
La Iglesia católica, institución tradicionalmente mediadora en los tiempos más difíciles y esta no fue la excepción, emitió un informe-memoria, de 25 páginas, sobre el proceso de pacificación, motivo por el cual está recibiendo una serie de ataques de parte de representantes del gobierno depuesto tras las movilizaciones ciudadanas de aquel año.
Ya no es la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni tampoco es un partido en específico. Hoy los cuestionamientos apuntan al clero, reeditándose un conflicto en el que el MAS se ocupó en diferentes momentos a lo largo de los últimos 15 años. A decir verdad, las relaciones entre los líderes de esa sigla política y de la Iglesia católica nunca han sido de las mejores y, salvo en una época en la que se impuso una distante o educada cordialidad, en general siempre se han caracterizado por la tensión y las críticas mutuas.
Es menester hacer notar que no solamente el partido oficialista se ha manifestado en contra de la posición de las autoridades eclesiásticas, sino también organizaciones sociales afines y hasta la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que en varias ocasiones se ha mostrado próxima al Gobierno.
Pero, más allá de la discordia que, repetimos, no es nueva sino pareciera responder a visiones de país contrapuestas, se ha puesto en marcha una intensa campaña de judicialización de los hechos de octubre y noviembre de 2019, llegando incluso a la citación de 32 personas, de una u otra manera involucradas en las negociaciones de paz; entre ellas está el expresidente y líder de la oposición, Carlos Mesa.
En reacción a esa medida, Mesa salió a denunciar que el presidente Luis Arce y el jefe de su partido, Evo Morales, le “armaron” un caso para “destruir a la oposición”. Es la misma oposición, por otro lado, que ha sido cuestionada desde la sociedad civil por sus posturas pusilánimes e incluso condescendientes con el MAS, al punto de que al líder de Comunidad Ciudadana, en diferentes momentos, se le ha acusado de ser “funcional” al partido de Gobierno.
La cuestión es que la manida disputa entre quienes defienden la tesis del “golpe de Estado” (hoy pro-oficialistas) y quienes están a favor de que en 2019 hubo un “fraude electoral” (hoy, opositores) ha pasado a una nueva fase política en la que el Gobierno, liderado por el Ministerio de Justicia, va contra exlíderes, fortalecido en cierta manera con la corrupción descubierta en Estados Unidos y que implica al hombre más cercano de la expresidenta Jeanine Áñez.
¿En qué acabará todo esto? Eso está todavía por verse...
