El incendio de la vivienda del gobernador Damián Condori, en circunstancias poco claras, y las investigaciones ultra rápidas de la Fiscalía, sin que medien las pericias profesionales debidas, dejan muchas dudas, ninguna certeza y demuestran una vez más la total instrumentalización de esa importante institución del Estado que es el Ministerio Público. Su actuación tuvo el fin de disfrazar la revancha política, total y absolutamente antidemocrática, y se suma a más de quince años de una profunda y crítica debilidad institucional.
Esta debilidad tiene raíces históricas y sociológicas de larga data, y se expresa principalmente en el sometimiento del sistema judicial país a los intereses y poder político, sin importar si este es de izquierda, socialista, populista, neopopulista, neopopulista o militarista.
Según estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables a todos los países miembros signatarios de la Convención Interamericana, toda investigación penal fiscal debe durar el tiempo necesario y suficiente para el levantamiento de indicios que permitan sustanciar las causas, con las debidas garantías a todas las partes. Estos estándares de protección internacional no se están cumpliendo por móviles políticos con una intención clara y abiertamente encubridora. La víctima es una alta autoridad gubernamental, el gobernador Condori.
Estos lamentables hechos y muchos otros que se han dado con las mismas características en los últimos quince años –La Calancha, casos “Terrorismo”, Caranavi, Tipnis y muchos otros– confirman una y otra vez la urgente necesidad de una profunda reforma en las instituciones directamente ligadas a la justicia. Sin esa reforma no podrán cumplir la delicada labor que la Constitución y las leyes les asignan, para la protección de los ciudadanos, país y Estado.
Dicha reforma institucional debe estar fuertemente apoyada en los valores democráticos y enfoques modernos de la justicia, que protejan un renovado contrato social y permitan a las instituciones del Estado realizar su labor con credibilidad, objetividad y seriedad, protegiendo con la misma idoneidad y firmeza a todos los ciudadanos de todas las regiones del país, urbanas y rurales, sin discriminaciones ni favores o privilegios de índole política.
Justicia, democracia, estado de derecho e instituciones sólidas son creaciones de la humanidad, que se necesitan una a la otra y se refuerzan mutuamente. No puede haber estado de derecho sin una justicia confiable. No puede haber instituciones sólidas si no existe un ambiente democrático continuo. No puede haber democracia plena sin justicia y sin estado de derecho. Estos grandes factores están gravemente dañados en Bolivia. La justicia es la que presenta los daños más severos, que limitan la vigencia del estado de derecho y por tanto de la democracia. De ahí la urgencia de su reforma profunda, que no puede consistir en medidas administrativas de corto plazo, que podrían ser eliminadas por cualquier gobierno.
Por su gran complejidad, la justicia no puede ser reformada de un solo golpe. Se precisa de un proceso de amplio alcance, que empiece por los problemas de más fácil resolución, y que desencadene otros, de mayor calado normativo, organizativo y procedimental e introduzca mecanismos de mejoramiento permanente, supervisión, vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Obvio es decirlo, pero se debe garantizar la independencia absoluta del poder judicial, su financiamiento adecuado, un mejorado sistema de nombramiento de magistrados.
Solo una reforma seria y responsable podrá devolver a los ciudadanos la confianza que deben tener en la justicia. Quizá así erradicaremos actos de vandalismo y su protección desde los estrados judiciales.
