Sancionar la desinformación

EDITORIAL Editorial Correo del Sur 12/07/2021
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Si la irrupción de las nuevas tecnologías llevó a la humanidad a la cima de la era de la información, hay que admitir que estas mismas precipitan, ahora, al extremo opuesto; es decir, estamos viviendo tiempos en los que la desinformación campea con mayor facilidad que antes y, por lo tanto, causa un mayor daño. 

Las principales responsables del crecimiento de la desinformación son las redes sociales. Estas existen en un espacio virtual que, por eso mismo, no ocupa un lugar, por lo menos no uno sólido y mensurable. 

Sin embargo, podemos verlas a través de monitores, pantallas de los dispositivos electrónicos que, como computadoras, tabletas y celulares, se han convertido en verdaderas ventanas a un mundo en el que lo más fácil es falsear la verdad. Una fotografía, incluso un video, pueden alterarse fácilmente para mostrar una realidad distinta a la que se capturó originalmente. 

La apariencia de los medios digitales puede cambiar a voluntad y se puede falsificar “noticias” que supuestamente publicaron los medios tradicionales. Lamentablemente, como se reconoce con frecuencia, no existe una manera de controlar estos excesos, a menos que el control parta de las propias plataformas que suministran los servicios. Los efectos de la desinformación se pueden ver ahora, en Bolivia, cuando la vacunación no está consiguiendo los resultados que esperan las autoridades de salud. 

La afluencia de gente a los centros de vacunación es baja y, cuando se pregunta las razones del ausentismo, muchas de estas están vinculadas a mensajes publicados en las redes sociales. Sin sustento científico alguno, y menos presentando pruebas, versiones en el sentido de que las vacunas producen esterilidad, inoculan chips de control mental o, peor aún, predisponen el organismo para que las personas se conviertan en lobos, han inundado las redes y fueron tomadas por ciertas por mucha gente que, llena de temor , prefiere no vacunarse. 

A eso se suma la actitud de algunas iglesias que señalan que el único que salvará a la humanidad del coronavirus será Dios y, por tanto, vacunarse es un acto que demuestra la poca fe que se tiene en él. Toda esta desinformación está retrasando el avance de la denominada “inmunidad de rebaño” y prolonga el riesgo que representa la enfermedad que azota al mundo. 

Cada día muere gente y, en gran medida, los culpables son los que desinforman sobre el tema. Con el argumento de que está cuidando la salud, el gobierno podría salir al frente y plantear medidas punitivas contra los propagadores de desinformación pero no lo hace por la sencilla razón de que no existe materia justiciable; es decir, argumentación jurídica que permita sustentar acciones en contra de los que falsean la verdad. 

En ese contexto, resulta no solo sorprendente sino hasta estrambótico que a “alguien” del Ministerio de Economía se le haya ocurrido la “genialidad” de proponer que se sancione con diez años de cárcel a la persona o personas que difundan “especulación y / o difusión errónea de las operaciones ”del Banco Central de Bolivia. 

Es cierto que las informaciones vinculadas a movimientos bancarios y operaciones financieras son delicadas, pues podrían provocar corridas de depósitos, y hasta desestabilización económica, pero nada está por encima de la vida humana, que es lo que está en juego debido a la difusión masiva de mentiras respecto a la vacunación. Si, por ahora, no se puede hacer nada contra los difusores de desinformación sobre la salud pública, menos se puede accionar en los casos de posibles errores o cambios de datos en la información financiera. 

Por lo menos en las publicaciones que comprometen a periodistas, se puede recurrir a la Constitución Política del Estado, que señala que las sanciones vienen mediante la autorregulación. (R) 

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