El pasado 29 de junio seis vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (de Beni, Pando, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija) han sido destituidos por el presidente Luis Arce, sin causa alguna y sin seguir el procedimiento legal, y sus reemplazantes irregulares fueron posesionados por el Presidente de la Cámara de Diputados.
Esa decisión vulnera la Constitución Política del Estado que determina que los Órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), funcionan obedeciendo a los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación y la forma en que cada uno de ellos será conformado: tres por voto popular, y uno, el Electoral, por designación delegada (por el pueblo soberano) a los órganos Legislativo y Ejecutivo.
El Órgano Electoral está constituido en su máximo nivel por el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales; el primero con siete miembros, seis de ellos designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos, y uno designado por el Presidente del Estado.
En el caso de los Tribunales Electorales Departamentales, cuatro de sus vocales son designados por la Cámara de Diputados de ternas elaboradas por las Asambleas Legislativas Departamentales y uno por el presidente del Estado.
Una vez posesionados, todos sus miembros conforman el Órgano Electoral, que como poder público adquiere las cualidades y fundamento de la organización del Estado: independencia y separación respecto a los demás. Por mandato constitucional no puede existir ningún tipo de injerencia, control ni intervención en el Órgano Electoral por parte de los otros.
A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, los órganos Judicial y Electoral, que ejercen jurisdicción, requieren la independencia política de sus miembros, base de imparcialidad en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. No pueden tener militancia partidaria.
Por esto, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los de los Tribunales Electorales Departamentales gozan de inamovilidad y sus funciones sólo concluyen por vencimiento del período de funciones, renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación o incapacidad absoluta permanente, declarada conforme a ley.
Los decretos del 29 de junio que destituyen a los vocales electorales departamentales, incluyen una explicación arbitraria que afirma “Que los Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales designados directamente por la Presidenta o Presidente del Estado, obedecen a una invitación personal o decisión soberana de Estado basada en la confianza”, lo que supone hacer pasar la arbitrariedad del Ejecutivo como “decisión soberana del Estado” y, pretender que las personas designadas son de confianza del Presidente y responderán a ella, perdiendo así su independencia.
Dejan también sin efecto la inamovilidad de los vocales electorales señalando que no pueden ser equiparables a la generalidad de los servidores públicos y les adjudican una “flexibilidad” que lo único que hace es confirmar la voluntad del Ejecutivo de someter al Tribunal Supremo Electoral y a los Tribunales Electorales Departamentales.
Los vocales electorales no son simples “funcionarios”. Son los conductores de otro Órgano del Estado y por tanto, independientes y separados del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, porque éstas son ejercidas en su calidad de depositarios de la soberanía del pueblo y de ninguna manera su naturaleza es la flexibilidad. Para destituirlos como autoridades de un Órgano del Estado, se debe seguir un proceso legal muy preciso.
Finalmente, los Decretos pretenden que solo Arce tiene legitimidad para designar a los vocales, olvidando que los destituidos gozaban también de legitimidad en virtud de leyes sancionadas por la anterior Asamblea Legislativa, que tenía 2/3 de masistas, y promulgada por la expresidenta constitucional Jeanine Áñez.
La sociedad y el propio Tribunal Supremo Electoral deben reaccionar ante este nuevo intento de hacerlo dependiente del Ejecutivo, como en el pasado.
