El pasado lunes 26 de julio del año en curso, la viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Aurea Balderrama Almendras, presentó a la Fiscalía de La Paz una denuncia (querella) penal contra el ministro Adrián Quelca Tarqui y el exdirector General de Educación Superior, Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, Agustín Tarifa Camacho, por el presunto tráfico de influencias para direccionar y manipular el proceso de Institucionalización de Cargos Directivos del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), Gestiones Educativas 2021, 2022 y 2023.
En consecuencia, la Fiscalía emitió una resolución con tres observaciones a la querella presentada por la viceministra Aurea Balderrama Almendras; sin embargo, las mismas fueron subsanadas oportunamente, derivando en su admisión. El presente caso está a cargo de la fiscal Lupe Zabala y ya es de conocimiento del Juzgado 1º Anticorrupción para el control de garantías.
Al respecto, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) emitió un pronunciamiento exhortando a las autoridades pertinentes a intervenir en los supuestos actos de corrupción e iniciar inmediatamente las acciones y procesos de investigación, en sujeción al principio de imparcialidad, para determinar la verdad histórica de los hechos y sancionar a los responsables con todo el rigor de la ley.
Por otra parte, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) emitió un pronunciamiento exigiendo el respeto al proceso de Institucionalización de Cargos Directivos del SEP, argumentó ser producto de la lucha y conquista del magisterio nacional. Asimismo, conmina a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a realizar de manera imparcial la auditoría a las tres fases; vale decir, examen de competencia, calificación de méritos y defensa de Proyecto de Gestión Institucional.
En el referido pronunciamiento, la CONMERB se declara en pie de lucha hasta el esclarecimiento de los hechos denunciados y la identificación de los autores de los supuestos actos de corrupción, caso contrario, se aplicarán medidas coercitivas desde las federaciones departamentales y regionales del magisterio rural.
La Convocatoria Pública Nº 001/2020 y su reglamentación específica para todos los Subsistemas del SEP, en su artículo 34, establece que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación y la Dirección Departamental son los responsables de verificar el estricto cumplimiento y aplicación de las normas del proceso de institucionalización, en lo referente al control y fiscalización de las tres fases y etapas.
Sin embargo, el artículo 35 de la referida normativa dispone textualmente que el incumplimiento de funciones por la Comisión Evaluadora Interinstitucional (Ministerio de Educación, Dirección Departamental, CTEUB, CONMERB, Federaciones de Maestros Urbanos y Rurales), por negligencia, parcialización, tráfico de influencias en las tres fases y etapas, será sujeto a proceso administrativo u otro según corresponda.
Consecuentemente, para nadie debería resultar extraña la intromisión dolosa del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, principalmente, del Partido Comunista (PC) en las diferentes etapas del supuesto proceso de institucionalización, en las que se soslayaron abiertamente los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, equidad, eficacia, eficiencia y publicidad. Por tanto, es urgente el inicio de auditorías (interna y externa) a las tres fases, con la intervención de instituciones probas que no participaron del desarrollo de la Convocatoria Pública Nº 001/2020.
* Es magister en Políticas de Formación Docente.
