Primero fue Yassir Molina, el líder, la noche del sábado 13 de marzo. Lo apresaron policías vestidos de civil en el municipio de Quillacollo.

Después, Mario Antonio “Tonchy” Bascopé, el 20 de julio pasado. Se lo presenta como integrante, aunque los investigadores lo consideran también entre las cabezas de la misma agrupación. Él fue aprehendido cuando salía de la cárcel Palmasola, de Santa Cruz, con una orden de libertad.

Por último, Milena Soto, líder, arrestada el último martes 3 de agosto a la salida de un supermercado de Cochabamba. También fue abordada en público por policías vestidos de civil que, según reportes desde esa urbe, circulaban en un vehículo sin placa.

Los tres tienen en común que pertenecen a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y fueron trasladados, uno tras otro, hasta Sucre, con el objetivo de que respondieran ante diferentes acusaciones por su presunta participación en los incidentes acaecidos en octubre de 2020 en la Fiscalía General del Estado, en cuya puerta principal, en esos días, ciudadanos se manifestaron en contra del fiscal Juan Lanchipa.

Un mes antes, en septiembre, plataformas y organizaciones ciudadanas de diferentes lugares del país empezaron a movilizarse en la capital, como una forma de presión social hasta conseguir que Lanchipa renunciara a su cargo antes de las elecciones generales previstas para el domingo 18 de ese mismo mes.

La mesa estaba servida para una futura judicialización de esta protesta. Al día siguiente de que los miembros de la RJC llegaran a Sucre para reforzar las manifestaciones, el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, afirmó, primero, que la primera autoridad del Ministerio Público no renunciaría a su cargo y, luego, denunció que grupos “delincuenciales” intentan generar zozobra en la ciudad por motivos políticos. 

Quispe es hoy más famoso que entonces, porque en los últimos días salió a dar la cara por su institución ante los medios para defender el cuestionado informe pericial de tres personas de una fundación de la Universidad de Salamanca, en el marco del caso Fraude electoral. Él está haciendo eso que no acostumbra Lanchipa; este, si declara, generalmente lo hace desde La Paz, pese a que el lugar de sus funciones es Sucre.

De los tres miembros de la RJC, por disposición de la justicia, dos han pasado a la cárcel San Roque: Molina y Bascopé. Allí guardan detención preventiva por seis meses; el primero, desde el 30 de marzo; el segundo, desde el 27 de julio.

La audiencia cautelar de Soto podría ser este jueves.

Lo llamativo de este caso es que la denuncia “contra autor o autores” fue interpuesta por el dirigente cívico chuquisaqueño Delfín Romero, alguien identificado con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y resistido por la mayoría civismo departamental. La vinculación es inevitable: los movilizados en 2020 y en recientes días también, casualmente, relacionan al fiscal Lanchipa con el partido de Gobierno.

En el caso específico de Molina, también se apersonó como denunciante el Ministerio de Gobierno, según revelaron el martes los fiscales encargados del proceso.

Para hoy, jueves, están previstas movilizaciones en varias ciudades del país. Las protestas son contra el cierre del caso “Fraude electoral”, la denuncia de “avasallamiento” de tierras y la persecución política. Los convocantes apuntan contra la Fiscalía General y el Gobierno nacional.

A pocas horas de un nuevo 6 de Agosto, al parecer los conflictos estarán a la orden del día.