En noviembre del año 2017, el Tribunal Constitucional sorprendió al país con una sentencia que declaraba como un derecho humano la reelección indefinida. Fue una actuación —entre muchas otras— que será recordada como una de las más ignominiosas en las que pudo haber incurrido el sistema judicial boliviano.
Después de un referéndum en que la población boliviana les negó al entonces presidente Evo Morales y a su vicepresidente el deseo de reelegirse nuevamente, el TCP actuó como el instrumento político que requerían esos gobernantes para complacer su deseo de perpetuación indefinida en el poder.
Lo hizo pasando por alto la voluntad de un pueblo democráticamente expresada en las urnas y que debió ser sagradamente respetada y acatando; violentando la propia Constitución Política del Estado de la cual es, supuestamente, su centinela; y, lo que es todavía peor, sin importarle que hasta un bachiller de colegio o cualquier estudiante de Derecho saben considerar que la reelección indefinida como un derecho humano constituye una absoluta aberración.
Los magistrados que dictaron y suscribieron aquella sentencia (la número 084/2017) ya no están actualmente en funciones, pero sus sucesores tuvieron más de una oportunidad para rectificarla y, no lo hicieron.
Bolivia tuvo que esperar más de tres años para que recién, en las últimas horas, se conozca el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a una opinión consultiva interpuesta por el Estado de Colombia, en el que se deja claramente establecido que la reelección presidencial NO ES UN DERECHO HUMANO reconocido por la Convención Americana.
Hoy queda claro, pues, que el Tribunal Constitucional no solo violentó la Constitución Política del Estado dándole una apariencia de legalidad a la participación de Evo Morales en las elecciones generales de 2019. También le provocó al Estado de Bolivia, con esa decisión, enormes e irreparables daños cuyas consecuencias siguen agitando la vida política y social del país.
La decisión del Tribunal fue, implícitamente, la responsable primigenia de una cadena posterior de hechos políticos que dividieron, enfrentaron y desangraron a Bolivia.
Esa sentencia posibilitó la forma en que se desarrollaron las anuladas elecciones generales de 2019, precisamente por el afán de Morales de perpetuarse en el poder por un cuarto mandato consecutivo, sin importar los medios empleados para conseguir ese fin. De haberse respetado la voluntad del referéndum del 21F, y si no se hubieran violado —por obra del TCP— los límites establecidos en la Constitución Política del Estado para la reelección presidencial, probablemente este país habría tenido un gobierno nacido de las urnas en 2019 y no un año después.
Se habría evitado, también, el enorme daño económico que representó haber anulado los comicios generales de 2019, denunciados de fraude electoral para consolidar la reelección (avalada por el TCP) de los gobernantes de entonces.
Y, seguramente, tampoco se habría producido la interrupción de la normalidad constitucional por efecto de la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez; ni tendríamos que haber lamentado la pérdida de tantas vidas humanas durante las dolorosas jornadas de convulsión y enfrentamiento de octubre y noviembre de ese mismo año.
Pesará sobre las conciencias de esos exmagistrados del TCP las terribles consecuencias que significaron para Bolivia sus actos, guiados por obediencia política y no —como era su deber y obligación— por sometimiento al imperio de la Constitución.
Los actuales magistrados del TCP deben ponderar lo sucedido con la máxima responsabilidad antes de incurrir en nuevas y dudosas actuaciones, como aquella de negar —seguramente por causa de las mismas y consabidas presiones políticas— su propia opinión constitucional con la que se viabilizó la sucesión transitoria de 2019.
Y esa máxima responsabilidad debemos exigir a todos los operadores de justicia de Bolivia. Día que pasa, queda más claro que la decisión política, secundada por la cuestionable actuación de algunos jueces y fiscales serviles, de darle legalidad judicial a la narrativa del supuesto golpe de Estado, está conduciendo al país a nuevos y peligrosos escenarios de división y confrontación interna de los que también serán corresponsables.
