La Asamblea Legislativa Plurinacional está en proceso de aprobación de un proyecto de ley que permitirá la devolución, bajo diferentes modalidades, de aportes que hicieron trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se trata de una medida que, si bien no es ideal, porque reducirá los ahorros para las jubilaciones, resulta oportuna dadas las condiciones de aguda crisis en que se encuentran varios sectores de la población desfavorecidos por la pérdida de empleos y de ingresos debido a la pandemia.
Por lo que se sabe hasta ahora, a los aportantes que cuenten con menos de 100 mil bolivianos, la ley les permitirá retirar el 15 por ciento de sus aportes. Las personas que tengan más de 100 mil bolivianos y se encuentren desempleadas, por su parte, podrán retirar hasta Bs 15.000. Por último, los aportantes mayores de 50 años que tengan hasta Bs 10.000 podrán retirar la totalidad de sus aportes de las AFP.
En todos los casos, la ley beneficiará únicamente a las personas que actualmente no tienen empleo. No podrán beneficiarse personas empleadas o quienes hubieran accedido a una pensión de vejez, solidaria de vejez, pago por invalidez o beneficio del Sistema Integral de Pensiones.
Hasta ahí, hay que destacar como positiva la iniciativa y la decisión de devolver parte de los aportes a las personas que se encuentran en condiciones angustiantes por la falta de ingresos y, más aún cuando el sistema de pensiones en el país, para el manejo del dinero resultante de los aportes a las AFP, ha sufrido cambios a lo largo de su historia en el país.
Como la mayoría de la población sabe, el proceso para la jubilación en Bolivia es largo, tedioso y burocrático. Eso desanima a muchas personas que han cumplido con todos los requisitos para iniciar el proceso y así pasar a retiro.
Otro hecho que se apunta es que los montos que finalmente se fijan para pagarse como renta o pensión son notoriamente menores a los que el trabajador recibía mientras estaba en actividad. Esto contrasta con la realidad de que los sueldos de los ejecutivos de las empresas que manejan los aportes suelen ser excesivamente altos, en muchos casos superiores a los de los más altos cargos del Estado, y ese es un detalle moral que no ha sido corregido hasta el presente.
Esas razones determinaron que se pida la devolución no solo de un porcentaje de los aportes, sino de la totalidad de ellos.
Pese a que no se está consiguiendo el objetivo de recuperar todos los aportes, la devolución parcial de aportes ha sido recibida con beneplácito por los futuros beneficiados y por las dirigencias de los pensionistas.
Se estima que con la ley promulgada, más de 1,4 millones de personas se beneficiarán de la devolución de aportes. Naturalmente, la medida será de beneficio inmediato para los aportantes y se subraya que la norma tiene carácter excepcional. Los economistas dicen que sería poco aconsejable que de acá a un tiempo se exija una nueva devolución, pero, por los antecedentes señalados, es probable que más pronto de lo que se espera se esté solicitando una nueva devolución.
Algo así ocurrió en Chile, donde el Congreso de ese país comenzó a discutir en estos días tres proyectos para autorizar un cuarto retiro anticipado de los fondos de pensiones privados. Uno de esos proyectos pone un límite de retiro de pensiones hasta un 10 por ciento, como ocurrió con los tres primeros antecedentes, y dos proponen retirar la totalidad de los montos acumulados por los trabajadores en las AFP. Los argumentos son parecidos a los de Bolivia y podemos anticipar que esta primera devolución no será la única.
En lo que toca a nuestro país, conviene atender las recomendaciones de los analistas económicos más serios e, incluso, del ministro del área, acerca de la necesidad de pensar muy bien antes de decidir qué hacer en cada caso, porque, según la situación de cada aportante, el retiro de fondos, a la larga, podría significar un perjuicio para los futuros jubilados.
